SebastiánToledo
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Aprincipios de octubre, la Christian Blinden Mision (CBM Internacional), organismo de cooperación de Alemania, publicó un estudio que revela los desafíos que prevalecen en países centroamericanos para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Trabajo realizado en Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde esta agencia ejecuta diversos proyectos, por considerarse Estados de renta baja y, por lo mismo, con serias restricciones en el diario vivir de la población con discapacidad.
Aun cuando este trabajo fue elaborado en el contexto de la pandemia Covid-19, problema sanitario que remarcó la exclusión de las personas con discapacidad por la fragilidad de las políticas públicas en los tres países.
Es evidente que los esfuerzos realizados por la inclusión del sector en la vida activa y productiva de la comunidad, venían enfrentando desde antes de la pandemia algunas dificultades. De los tres países, solo Guatemala cuenta con una estadística actualizada en discapacidad.
Es importante señalar que en Guatemala existe un espacio de interacción entre Estado y sociedad civil a través del Conadi.
En el marco jurídico y político en función de las necesidades de la población con discapacidades se experimenta una leve mejora en Nicaragua, sin que con ello se afirme que la situación del sector en ese país sea mejor, pues persisten los índices de exclusión.
También se señala que Guatemala cuenta con una política pública cuya coordinación está a cargo del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, pero es un instrumento con más de 15 años de vigencia. Por lo que se hace urgente e impostergable su revisión y actualización, a la luz de los tratados y convenciones adoptados por el Estado como parte de su marco político y jurídico interno.
Otro de los problemas identificados en las tres naciones es la escasa coordinación entre los responsables de la institucionalidad pública con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.
Aunque, en este aspecto, es importante señalar que en Guatemala existe un espacio de interacción entre Estado y sociedad civil a través del Conadi que debe ser fortalecido, de tal manera que la coordinación entre los dos sectores genere los resultados que la población con discapacidad requiere para el efectivo ejercicio de derechos.
