El Código obliga a reconsiderar la forma en que han sido tratados ciertos grupos humanos en nuestro país”, comentó a IPS la profesora Esperanza Reyes, residente en La Habana. Unos 25 mil hombres, una parte significativa de ellos homosexuales, fueron enviados de 1965 a 1968 a campos de trabajo conocidos como Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP).
Las UMAP son consideradas un lamentable capítulo de la historia cubana y fueron disueltas por decisión del propio Gobierno en junio de 1968. En la década de los años 70, el establecimiento de “parámetros” limitó el empleo de personas con sexualidades no heteronormativas en la educación y la cultura.
La nueva legislación sintoniza con convenciones internacionales suscritas por el Estado cubano sobre la prevención de la violencia y discriminación por motivos de género, así como las de protección de menores, adultos mayores y personas con discapacidad. Incluye entre sus principios atender al interés superior del niño o niña y sustituye la institución de la patria potestad por la noción de responsabilidad parental.
El Código de las Familias, que sustituye a su predecesor de 1975, contempla un aumento de los derechos y protecciones legales hacia las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
Según especialistas, tal modificación busca evolucionar de relaciones intrafamiliares verticales y autoritarias hacia un paradigma más horizontal en la comunicación, crianza y educación de infantes y adolescentes por sus progenitores, tutores, abuelos y otros familiares. La norma instituye los 18 años como edad mínima para el casamiento y deroga las excepciones que consentían el matrimonio infantil.
Introduce el reconocimiento de la autonomía y capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes y lo relativo a su representación legal. El Código de las Familias, que sustituye a su predecesor de 1975, contempla un aumento de los derechos y protecciones legales hacia las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
Asimismo, fortalece el ámbito relacionado con la distribución equitativa del trabajo doméstico y el cuidado en un país donde 21.6 por ciento de los 11.1 millones de habitantes sobrepasan los 60 años y que, al igual que en otras naciones, estas tareas recaen fundamentalmente en las mujeres.
Además, defiende el desarrollo pleno de los derechos sexuales y reproductivos en el entorno familiar, la protección de la maternidad y la paternidad y la promoción de su desarrollo responsable, al igual que el derecho a una vida familiar libre de discriminación y violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
