Sebastián toledo
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El 16 de agosto de 2016, el Estado guatemalteco presentó el primer informe de cumplimiento de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ante las Naciones Unidas, acto que se dio después de ocho años de haberse ratificado este instrumento por el país. El compromiso fue atendido por los ministerios de Desarrollo Social y de Educación, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Conadi y el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Congreso de la República.
El ejercicio derivó en 83 observaciones y recomendaciones que significaron un reto de país, ya que se evidenciaron índices de exclusión en todos los ámbitos, con mayor énfasis en las áreas rurales y comunidades indígenas. Por lo que las instancias responsables adoptaron la estrategia de aprovechar las recomendaciones para impulsar un plan de acción a ejecutar en cinco años (2017-2021).
El próximo examen voluntario se realizará en 2023, oportunidad en la que el Estado debe informar sobre los avances en la aplicación de la Convención, pero de manera especial, la forma en que fueron atendidas las preocupaciones manifestadas en 2016. En esta primera evaluación también se contó con la participación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, que presentó un informe alternativo donde se refrendan las limitaciones de país.
Es indudable que el Plan de Acción 2017-2021 no se ha podido abordar a cabalidad, pero es justo reconocer esfuerzos que se impulsan en la institucionalidad pública.
Es indudable que el Plan de Acción 2017-2021 no se ha podido abordar a cabalidad, pero es justo reconocer esfuerzos que se impulsan en la institucionalidad pública. Por ello, en el proceso de elaboración del segundo informe, debe indagarse e informar sobre todas estas acciones, para que Guatemala demuestre su voluntad de cumplir con los compromisos adoptados ante la Convención.
El Conadi, como el ente de Estado encargado de los asuntos de discapacidad, debe convocar e involucrar a todas las instituciones públicas para elaborar el segundo informe, hacer partícipes del proceso a las organizaciones de la sociedad civil. De tal manera que se pongan a luz los pendientes, pero también los avances.
Asumir como corresponde (Estado y sociedad civil) los desafíos, hasta alcanzar la plena inclusión de la población con discapacidad, representada por el 10.38 por ciento de la sociedad guatemalteca.
