Consejo Editorial Conadi
Dentro del proceso de incidencia que realiza a nivel técnico el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), se pone en práctica el empoderamiento de derechos a través de capacitaciones, talleres y diplomados; la generación de toma de conciencia sobre las necesidades, desafíos y demandas de la población con referida condición y la presentación de indicadores obtenidos en estudios poblacionales.
Con ese propósito, autoridades y personal técnico del Conadi llevaron a cabo una capacitación en el Organismo Legislativo donde participaron diputados, asesores y colaboradores, quienes recibieron la retroalimentación del marco normativo sobre discapacidad de Guatemala, convenciones y tratados adoptados por el Estado, datos estadísticos del sector y toma de conciencia.
Esta actividad es muy bien valorada por la institución, porque es una oportunidad para incidir en el avance de iniciativas de ley con enfoque de discapacidad que se discuten en el Congreso de la República. En ese contexto, la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace referencia a que la deficiencia de una persona y la interacción con las barreras del entorno y actitud es lo que produce la discapacidad.
Esta actividad es muy bien valorada por la institución.
Precisamente, dentro de las barreras actitudinales, se encuentran cimentados paradigmas de exclusión y asistencialismo, ideas y estigmas que deben ser derribados del imaginario social. Entre estas, las barreras políticas, manifestadas en la no inclusión de las demandas y necesidades de la población con discapacidad en las políticas públicas y en el incumplimiento de las leyes.
Por eso mismo, en ejercicios de este tipo se enfatiza el derecho a la igualdad y toma de conciencia, siendo esta última sobremanera relevante, porque implícitamente en los procesos de incidencia, concienciar a un tomador de decisiones brindará soporte para que algún proyecto llegue a buen término.
A esto se suma el contar con datos e información estadística sobre la población en condición de discapacidad, que sustentará los argumentos para la inclusión del sector en las políticas públicas y leyes inclusivas, las que deben ser armonizadas con instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala.
