Linda C. McClain y Nicole Huberfeld
Agencia Internacional de Noticias Inter Press Service (IPS)
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La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido, por una mayoría de 6 a 3, mantener la prohibición del aborto en Misisipi después de las 15 semanas de embarazo. Al hacerlo, los jueces han anulado dos sentencias clave que protegían el acceso al aborto: Roe contra Wade, de 1973, y Planned Parenthood contra Casey, de 1992.
El dictamen de la Corte, escrito por el juez Samuel Alito, alega que la Constitución no menciona el aborto, ni tampoco garantiza el derecho al aborto a través de otro derecho, el derecho a la libertad.
El dictamen rechaza el argumento de Roe y Casey de que el derecho constitucional a la libertad incluye el derecho a la intimidad de un individuo para elegir abortar del mismo modo que sí protege otras decisiones relativas a la conducta sexual íntima, como la anticoncepción y el matrimonio.
La sentencia no significa que el aborto esté prohibido en todo Estados Unidos.
Según el dictamen, el aborto es “fundamentalmente diferente” porque destruye la vida del feto. El estrecho enfoque del tribunal sobre el concepto de libertad constitucional está en desacuerdo con la posición más amplia que adoptó en la anterior sentencia del caso Casey, así como en un caso histórico de igualdad matrimonial de 2015, Obergefell v. Hodges. Sin embargo, la mayoría ha declarado en su fallo que la decisión no tendría ningún impacto en el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo.
La opinión de Alito también rechaza el principio legal de stare decisis, o adhesión al precedente. Los partidarios del derecho al aborto argumentan que las sentencias Casey y Roe deberían haberse mantenido en vigor ya que, en palabras de la sentencia Casey, los derechos reproductivos permiten a las mujeres “participar en igualdad de condiciones en la vida económica y social de la Nación”.
La sentencia no significa que el aborto esté prohibido en todo Estados Unidos. Lo que indica es que las discusiones sobre la legalidad del aborto se desarrollarán ahora en las legislaturas estatales, donde, señaló Alito, las mujeres “no carecen de poder electoral o político”.
Se permitirá a los estados regular o prohibir el aborto solo de acuerdo a lo que se conoce como revisión de “base racional”, una norma más débil que la prueba de “carga indebida” de Casey.
