Gran parte del territorio nacional está siendo afectado por la temporada de invierno, que ha derivado en la destrucción de tramos carreteros, derrumbes, inundaciones y, lamentablemente, la pérdida de vidas humanas.
A pesar de los esfuerzos por atender la emergencia, desde que comenzaron las lluvias, que ha implicado llevar ayuda humanitaria a las familias damnificadas, reparar las vías dañadas y despejar varias rutas que han quedado bajo los escombros, es necesario ir más allá para tomar acciones mucho más fuertes.
Ello implica que las instituciones del Ejecutivo actúen de manera más contundente, lo cual significa que deben adquirir todos los recursos necesarios para agilizar los trabajos en toda la red vial dañada y asistir a la población que está en peligro.
En casos de emergencia, como el que estamos viviendo, el Gobierno de la República tiene la potestad de tomar medidas dentro del marco legal, que le permitan actuar sin quebrantar las leyes de nuestro país.
Por ello, en Consejo de Ministros, el Ejecutivo decidió declarar ayer estado de calamidad. La medida tendrá vigencia de 30 días, a partir de su publicación, y se aplicará en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Sacatepéquez y Zacapa, que son los más afectados.
Ahora corresponde al Congreso de la República ratificar la medida, con lo cual contribuirán a que el Gobierno lleve la asistencia necesaria a la población necesitada y en riesgo.
Es de recordar que la infraestructura vial es indispensable en nuestro país, pues en ella se moviliza el comercio y miles de guatemaltecos la requieren para trasladarse a sus actividades socioeconómicas.
