El Gobierno de la República mantiene las acciones de control y vigilancia en las fronteras del país, con el fin de contrarrestar hechos delictivos, como el trasiego de drogas, el ingreso a nuestro territorio de productos de contrabando y de extranjeros vinculados con estructuras ilegales.
Desde el Ejecutivo se ha coordinado el trabajo de resguardo, en el cual participan el Ministerio de Gobernación (Mingob), por medio de las diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC), así como el Ejército de Guatemala.
Además, la tarea es apoyada por personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo que fortalece el control en las aduanas, por donde salen e ingresan mercancías, como parte de la dinámica comercial de nuestro país.
Por instrucciones del titular del Mingob, David Napoleón Barrientos, ayer se llevó a cabo una supervisión en la frontera entre Guatemala y El Salvador, como parte de las actividades enmarcadas en el Plan Operativo Táctico Integral 13-2022.
La verificación estuvo a cargo del vicetitular de Antinarcóticos de la citada cartera, Fernando Rodas, quien llegó a los puestos de vigilancia interinstitucional en los kilómetros 132 ruta a Pasaco y 157.5 ruta CA-2, y en las aduanas Pedro de Alvarado y Valle Nuevo, todos en el departamento de Jutiapa.
El objetivo de mantener puestos de control es fortalecer las acciones de combate a hechos delictivos y remitir a donde corresponde a quienes intentan ingresar en nuestro territorio, sin cumplir los requisitos migratorios.
El trabajo interinstitucional mejora el accionar de cada uno de los entes involucrados en el resguardo de la seguridad ciudadana y la soberanía nacional, pues permite identificar a quienes se conducen en buses, vehículos particulares y transporte pesado, lo cual garantiza la paz y la tranquilidad.
Todos estos esfuerzos buscan contrarrestar el contrabando y el ingreso de mercancía ilegal, verificar que las personas cumplan con los requisitos legales para permanecer en el territorio guatemalteco y así evitar hechos que ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía.
