Sebastián Toledo
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En mayo de 1997, se registra en el país uno de los acontecimientos
de gran trascendencia en el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad. Después de muchos años de lucha, se logra la conformación del Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), que se constituye en la máxima institución de Estado responsable de coordinar, asesorar e impulsar la política nacional en materia de discapacidad.
Es un esfuerzo promovido esencialmente por las organizaciones de personas con discapacidad de la sociedad civil, donde jugaron un papel preponderante las asociaciones que representan a los excombatientes de la URNG y del Ejército.
Iniciaron todo un movimiento, primero para la aprobación de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad; luego, la integración de un ente capaz de asumir el liderazgo para coordinar las acciones de país en esta materia.
Después de 25 años de intensa lucha, es fácil percatarse de que se han dado importantes pasos en la consolidación de este ente coordinador.
Desde los inicios, se buscó potenciar el liderazgo de la dirigencia del colectivo, en coherencia con orientaciones y mandatos de instrumentos de derechos humanos, ya que se generaron espacios para la inclusión de representantes del sector en los órganos de decisión.
Después de 25 años de intensa lucha, es fácil percatarse de que se han dado importantes pasos en la consolidación de este ente coordinador, pero aún deben satisfacerse algunas expectativas.
A las puertas de 25 años de trabajo, el Conadi cuenta con un presupuesto básico para su funcionamiento, así como el financiamiento de iniciativas de coordinación y asesoría de políticas públicas incluyentes.
Dispone de una capacidad física y humana instalada en el territorio nacional, pero aún hace falta consolidar el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias, para que sea un ente altamente representativo.
Es conveniente que la dirigencia del Conadi realice una evaluación para medir el impacto de su gestión técnica, administrativa y política, pues se tienen algunos avances, pero deben adoptarse acciones para afianzarlos y promover su institucionalización en el ámbito municipal.
Ya que la mayoría de servicios y programas de apoyo a esta población se sigue ejecutando desde los centros urbanos, no obstante que el 62 por ciento de las personas con discapacidad se encuentra en las áreas rurales.
