Entre las acciones que impulsa el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Alejandro Giammattei, está la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto público.
Con ello se pretende cristalizar los procesos en relación con los proyectos, para que la población pueda enterarse cómo marchan los mismos y en qué se está invirtiendo el dinero producto de sus impuestos.
Se ha puesto en marcha una serie de acciones que incentivan la fiscalización o auditoría social sobre los programas a cargo de las instituciones públicas, como los ministerios y secretarías, entre otras instancias que manejan fondos del Estado.
La Política Nacional de Datos Abiertos es una de las iniciativas que promueve tales ejercicios ciudadanos, y la entidad encargada de monitorear los resultados es la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, con el apoyo del Ministerio de Gobernación (Mingob).
Entre sus beneficios se menciona que se puede analizar libremente los ingresos y gastos gubernamentales. Los ciudadanos pueden conocer las inversiones en infraestructura y se promueve la participación dinámica en la toma de decisiones sobre temas relevantes.
Las autoridades de la mencionada comisión y del Mingob presentaron ayer los resultados del programa, correspondiente al período 2018-2022, en los cuales se pudo constatar el cumplimiento de metas establecidas en la política, los avances de las estrategias e implementación del Portal Nacional de Datos Abiertos.
En el índice de cumplimiento, las entidades mejor evaluadas superaron una ponderación de más de 8.1 de calificación, y son 12 instituciones las que lograron el nivel alto.
Las variables evaluadas fueron los Comités de Datos Abiertos conformados, el porcentaje de información publicada en los portales web, los conjuntos de cifras dadas a conocer en el Portal Nacional de Datos Abiertos y la información de normas legales, entre otras.
