Ángel García
Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica
Estimado lector: podemos resumir lo que hasta ahora hemos comentado sobre el tema así:
1) Una empresa privada siempre buscará maximizar sus ventas si el resultado le es rentable.
Una distribuidora, por lo mismo, extenderá sus redes para captar usuarios ruralesen la medida que esta inversión le resulte rentable y dejará de hacerlo cuando no lo sea.
2) Hoy, el crecimiento de las redes bajo criterios de rentabilidad ya llegó a su máximo; es decir que los consumidores por alcanzar requieren de altas inversiones no recuperables, por lo que se necesita gestión y subsidio estatal.
3) El marco legal establece que la inversión para alcanzar a los usuarios rurales no cubiertos debe ser provista por el Estado.
Una gestión muy parecida a la anterior a la LGE con la diferencia que el porcentaje no cubierto se ha reducido.
Para tener éxito en esto, las capacidades del Estado para gestionar y subsidiar esta operación deben optimizarse determinando el costo total de estos proyectos y presupuestar no solo la inversión necesaria en obra física sino también la inclusión del costo del subsidio ahora denominado “Aporte INDE”, que reciben los consumidores de bajo consumo dentro de los rangos definidos para ello.
Este subsidio es un compromiso al que deben asignársele fondos si se proyecta mantenerlo durante los plazos que se consideren necesarios.
Los requisitos a cumplir para participar en esta licitación son críticos para asegurar el éxito del proyecto.
Deben revisarse alternativas que permitan gestionar de mejor manera estos proyectos de ampliación de las redes de distribución y disminuir la carga financiera que representan para el Estado, aplicando:
i) La exoneración del pago de la Tasa Municipal de Alumbrado Público a los consumidores en función de su volumen de consumo. Esto reduciría el Aporte INDE, ya que el subsidio estatal a estos consumidores rurales se traslada a las municipalidades vía esta tasa.
ii) Incentivar la participación privada en concesiones licitadas de distribución nuevas y adicionales a las existentes cuando la ampliación de la red se haga a partir de conexiones a las redes de subtransmisión y/o por medio de sistemas aislados. Los requisitos a cumplir para participar en esta licitación son críticos para asegurar el éxito del proyecto por lo que debe hacerse un análisis cuidadoso. Esto enfocaría el impacto del subsidio en esas nuevas redes sin cargarles los costos asociados a redes existentes.
iii) Regularizar y reglamentar la futura conexión de esos sistemas aislados a las redes de distribución existentes que requiere de formación y capacitación, no solo para las redes aisladas que se construirían sino para las existentes y por lo mismo es necesaria la asignación de recursos para esta.
Sabemos que alcanzar el 100 por ciento de cobertura eléctrica a partir de esfuerzos estatales es un proceso tardado y caro, por lo que incentivar la participación privada a todo nivel es importante, así como priorizar el orden de atención.
Quisiera compartirles una experiencia vivida a principio de los años 90, electrificando comunidades rurales, entre las que recuerdo una ubicada en el Altiplano Central del país. Entonces, la inversión no era subsidiada sino costeada por los interesados.
A uno de sus líderes le pregunté la razón por la que no habían iniciado sus gestiones de conexión antes. Me respondió: “Para nosotros la electricidad no era la primera necesidad. Teníamos otras más importantes que atender antes”.
La electricidad es un satisfactor de necesidades más que una necesidad en sí misma y no debemos imponerla como prioridad a quienes no la perciben como tal. Se debe llevar la energía eléctrica a quienes la perciban como una necesidad mayor y que por lo mismo están dispuestos a pagar por ella.
En las comunidades rurales aisladas, las necesidades son muchas y la electricidad puede no ser la más importante.
