Sebastián Toledo
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En las últimas semanas, hemos sido testigos de manifestaciones de distintos grupos de transportistas de carga pesada, quienes han manifestado su inconformidad ante un acuerdo gubernativo que les exige la compra de un seguro por accidentes.
Se aduce por parte de los inconformes que sus ingresos no generan los recursos necesarios para cumplir con tal propósito. Inclusive, se llegó al punto de un paro nacional que afectó de diferentes maneras a todos los sectores.
Cualquier persona responsable siempre va a tener en cuenta que al conducir una unidad de transporte se expone a incidentes por fallas mecánicas o, en el peor de los casos, por falta de educación vial.
Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muertes en el mundo.
Hechos que inevitablemente derivan en pérdidas materiales, en lesiones y muertes de quienes hacen uso de los servicios o porque se encuentran en el área de los percances.
En estudios de organismos internacionales, se indica que los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muertes en el mundo y, por lo mismo, de personas que quedan con lesiones, muchas veces graves.
En su mayoría, adquieren limitaciones físicas, sensoriales y psicosociales de alto costo y de difícil recuperación, por lo que deben establecerse los mecanismos para contrarrestar estos efectos.
En Guatemala, constantemente se informa de accidentes de tránsito en las ciudades y carreteras, por diferentes circunstancias, porque los conductores están bajo efecto de sustancias nocivas, por exceso de velocidad o por hacer uso del celular.
Así también, porque no existe un adecuado mantenimiento de las unidades o que los pilotos no cuentan con la capacitación necesaria para responsabilizarse de una unidad de transporte de este tipo.
La reducción de accidentes de tránsito se ha planteado como una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las razones ya indicadas, por lo que deben hacerse esfuerzos para mejorar la educación vial.
Así como la implementación de medidas a fin de prever, reducir y paliar los efectos económicos para los damnificados. Una acción que requiere del compromiso de todos los sectores relacionados, lo que lleva a considerar que la exigencia del seguro que se pretende implementar es una acción urgente y necesaria, además de promover fuertemente la educación vial.
