Ángel García
Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica
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Estimado lector, quisiera invitarle a retroceder en el tiempo y ubicarnos en el 2000. Para entonces, las distribuidoras de energía del interior de Guatemala tenían tres años de haber sido privatizadas, habiendo recibido por parte del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) la concesión que este había tenido asignada durante más de 35 años sobre la distribución de electricidad en casi la totalidad de los departamentos ubicados en el oriente y occidente del país.
La cobertura eléctrica bajo gestión estatal hacía todos los esfuerzos a su alcance para llegar a las áreas rurales anteriormente mencionadas.
A raíz de la privatización de la distribución de energía eléctrica en Guatemala empezó a mejorarse la cobertura de este importante servicio y dentro de ese contexto es interesante revisar el informe que brindó Guatemala a finales de noviembre de ese año en Playa Montelimar, Nicaragua, en ocasión del Taller Regional de Electrificación Rural a los representantes de los países centroamericanos, de México, de Brasil y de Argentina, así como a entidades financieras relacionadas con el tema.
En dicho taller se conocieron los informes del estado de la electrificación rural en cada país.
En dicho taller se conocieron los informes del estado de la electrificación rural en cada país. Guatemala, representada por el INDE, informaba del avance logrado en los compromisos adquiridos por parte de esa entidad y cómo “a la hora de ejecutar los proyectos, se encuentra que una serie de comunidades ya están electrificadas por empresas distribuidoras de electricidad”.
Esto por cuanto la distribuidora privada “brinda servicios de electrificación a comunidades fuera de las que están incluidas en el contrato de estas con el INDE. Actualmente, la distribuidora privada ha electrificado 150 mil viviendas; el INDE ha electrificado a 52050 viviendas…”.
En otras palabras, el avance de Guatemala era significativo pero principalmente por la actividad de la empresa privada que mostraba una capacidad de ejecución que buscaba sumar a la que realizaba el INDE, quien citó en ese momento este ejemplo de cómo no había podido conectar a la red a esas poblaciones y viviendas, pero con la sorpresa que ya habían sido atendidos por la distribuidora privada, lo cual era un aspecto positivo para el país.
¿A qué se debe el lento avance de la gestión estatal comparada con la rapidez en atención de la gestión privada? En primer lugar, el estímulo para desarrollar los proyectos que, entre más grande sea, define mayor prioridad para su ejecución. Para la distribuidora privada construir significaba incrementar sus ventas y con ello su rentabilidad.
Para el Estado construir era una obligación que se perfeccionaba después de un proceso de negociación política por la asignación de recursos financieros y como la asignación de dichos recursos es política, la prioridad reduce en lo técnico y en el servicio.
En segundo lugar, siendo que el INDE vendía por abajo del costo, el crecimiento en sus ventas era una carga financiera no un estímu-lo. Cada cliente que conectaba era un cliente al que había que subsidiar y por lo mismo poco atractivo.
En tercer lugar, la burocracia y requisitos que tiene el Estado para poder contratar los bienes y servicios necesarios para ejecutar obra son tantos y a la vez tan complejos que automáticamente convierten a los entes estatales en ejecutores con complicados tiempos para alcanzar sus metas.
Concluimos que el déficit de cobertura de electricidad en nuestro país era un problema de capacidad de ejecución del Estado, pro-blema que en este caso se corrigió casi inmediatamente con la privatización de la distribución. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿por qué la máxima cobertura que se ha alcanzado es del orden del 90 por ciento, teniendo a la fecha un 10 por ciento pendiente de conectarse a la red? ¿Qué hacer al respecto? Continuaremos con este análisis.
