Luego de que un grupo de manifestantes mantuvo bloqueadas por más de 24 horas distintas carreteras, la Policía Nacional Civil (PNC), bajo la coordinación del Ministerio de Gobernación (Mingob), empezó a liberar, desde la madrugada de ayer, las vías por donde transita buena parte de la actividad social, comercial y turística del país.
Los transportistas que tomaron las carreteras exigían la derogatoria del Acuerdo Gubernativo 17-2020, que autoriza la contratación de un seguro para terceros, que el Organismo Ejecutivo mantiene suspendido desde hace varios meses.
Desde el pasado lunes, los inconformes bloquearon algunas arterias principales de la red vial nacional, lo que imposibilitó el libre tránsito de personas y vehículos.
Ante estas acciones, la Corte de Constitucionalidad (CC) aprobó un amparo interpuesto por la Cámara de Comercio, con el que se buscaba garantizar la libre locomoción. En cumplimiento de lo resuelto por el máximo tribunal de la nación, las fuerzas de seguridad procedieron a despejar las vías, recurriendo al diálogo con los manifestantes.
Uno de los lugares más relevantes que estaban tomados era el paso por el kilómetro 178, ruta CA2, puente Castillo Armas, en Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, donde cientos de inconformes, con piedras, automóviles y tuc tucs tenían cerrados ambos carriles.
En el lugar, el comisario Emilio Guzmán conversó con los transportistas. Ante la negativa, las fuerzas de seguridad, acompañadas del gobernador de Retalhuleu, Ignacio Arreaga, desbloquearon el paso, y el tránsito comenzó a fluir.
Los automovilistas perjudicados valoraron la acción policial y manifestaron su acuerdo mediante el toque de bocinas y expresiones de júbilo. En relación con la situación, las autoridades del Mingob destacaron que el trabajo de la PNC consistió en retirar los vehículos que impedían la libre locomoción, con lo que dieron cumplimiento a la resolución de la CC, respetando los derechos humanos de los manifestantes.
Jorge Aguilar, vocero de la Policía, comentó que los bloqueos son acciones ilegales, porque impidieron la conexión con los departamentos de Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu, donde hay hospitales y centros de salud.
Aguilar confirmó que durante el operativo realizado en El Zarco se capturó a uno de los manifestantes, quien incitaba a la violencia al momento del desalojo.
Rechazan acciones
El sector privado expresó su desacuerdo con el cierre de carreteras, argumentando que afecta la economía nacional y viola el derecho de libre locomoción de los guatemaltecos.
“No más bloqueos. Ponen en riesgo la distribución de alimentos y productos básicos, violando derechos de la mayoría de ciudadanos.” Cámara del Agro
“Esta práctica no es medida apropiada para hacerse escuchar ni aportar soluciones, pues solamente atenta contra los derechos de todos.” Cacif
“Perjudican la economía, la subsistencia, el trabajo y condicionan la libertad de tránsito de los
guatemaltecos.” Cámara de Industria
“Los bloqueos generan el riesgo de perder Q285.7 millones en exportaciones al día, monto generado por micro, pequeñas y medianas empresas.” Agexport
