SEBASTIÁN TOLEDO
guatemalaparatodos @gmail.com
De mayo a noviembre de 2021, la Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad Manuel Tot (AGPD) ejecutó un estudio para determinar los efectos de la pandemia de Covid-19 en la población con discapacidad.
El proyecto planteó la integración de una mesa técnica sobre gestión de riesgos de desastres y emergencias en salud con enfoque de discapacidad, con la participación de entes vinculados a la temática y organizaciones de la sociedad civil, bajo la coordinación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Esta mesa tendrá la responsabilidad de articular los esfuerzos de instancias públicas y privadas de salud, para la inclusión de la población con discapacidad.
Entre otras funciones, esta mesa tendrá la responsabilidad de articular los esfuerzos de instancias públicas y privadas de salud, para la inclusión de la población con discapacidad en las políticas y planes de respuesta. Planteamiento que está en concordancia con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Marco de Sendai y el Plan Nuestra Guatemala K-tún 2032.
En línea con los instrumentos citados, se planteó un equipo que contaría con representantes de organizaciones de la sociedad civil: la Asociación Nacional de Ciegos, la AGPD y dos organizaciones de padres del departamento de Sololá, además de delegados de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis) y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Tanto la Riadis como la OPS/OMS facilitaron el acompañamiento técnico y financiero a la iniciativa, que quedó institucionalizada mediante el Acuerdo Ministerial 02-2022, publicado el 11 de enero del 2022.
Una medida que constituye respuesta a una de las principales demandas de la población con discapacidad, que históricamente ha estado excluida de los planes de respuesta de desastres y emergencias humanitarias.
Es justo hacer un reconocimiento a esta acción del Ministerio de Salud Pública, de la Riadis, la OPS/OMS, las organizaciones de personas con discapacidad y otras entidades que tomaron parte de la propuesta, hoy una realidad. Así mismo, debe valorarse como una oportunidad para instar a las demás dependencias públicas, que en función de su mandato y competencias revisen la experiencia e impulsen espacios similares, para promover soluciones a la problemática que enfrentan las personas con discapacidad.
