La Constitución Política de la República de Guatemala establece situar un fondo económico para las municipalidades. Estos recursos deben ser incluidos por el Ejecutivo todos los años en el Presupuesto General de la Nación.
Con el citado aporte, las comunas implementan proyectos de educación, salud, infraestructura, saneamiento y otros servicios públicos a favor de la población, los cuales ya deben tener la aprobación respectiva.
La Comisión del Cálculo Matemático del Situado Constitucional aprobó el pasado martes la distribución de Q3730.4 millones, para 2022, entre las 340 municipalidades del país.
Esta instancia la conforman la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), el Ministerio de Finanzas y la Contraloría General de Cuentas.
Entre las novedades resalta que, comparado con 2021, el monto del Situado Constitucional del presente año, que está contemplado en el Presupuesto de la Nación 2022, aprobado por el Congreso de la República, se incrementó en Q605 millones.
El cálculo autorizado permitirá que los recursos lleguen a las municipalidades para que, en estrecha relación con su planificación municipal y alineada con la planificación nacional para el desarrollo del país, se intervenga en aquellas necesidades básicas de las personas más vulnerables, según las autoridades.
La fórmula para determinar cuánto le corresponde a cada comuna, que está establecido en el Código Municipal, se basa en cuatro variables: el número de municipios, la población total, la cantidad de aldeas y caseríos y los ingresos propios.
Debido a la pandemia del Covid-19, los fondos económicos también priorizan el tema de salud, que significa agua y no solo la bioseguridad, así como demandas en educación, reactivación económica e infraestructura vial.
