Ángel García
Director Comisión Nacional de Energía Eléctrica
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Hasta ahora, estimado lector, hemos revisado en conjunto el grado en que la Ley General de Electricidad (LGE) ha alcanzado sus objetivos, así como evaluado algunos retos asociados a la matriz energética nacional, llegando a la conclusión que la LGE ha cumplido con los objetivos planteados para tan importante cuerpo legal guatemalteco y que los retos aún pendientes en la matriz energética pueden considerarse manejables, y que también pueden enfrentarse con ajustes en lo referente a la normativa, sin la necesidad de incurrir en modificaciones a dicha ley así como a sus reglamentos.
Estos proyectos deberán ser evaluados económica y
socialmente.
Entonces quedan pendientes de revisión dos retos asociados a uno de los temas más importantes del subsector de energía eléctrica nacional, como lo es la electrificación rural, y son los siguientes:
1)La calidad del servicio de electricidad que se presta al usuario puede considerarse como mala en el área rural.
2)El porcentaje aún por electrificar en la República de Gua-
temala es grande, y presenta grandes desafíos financieros en inversión y en subsidios.
Al respecto, el Decreto 93-96, Ley General de Electricidad, en el Artículo 47, indica lo siguiente:
1)Es una función estatal de naturaleza opcional: El Estado podrá otorgar recursos, cuyo objetivo sea para costear total o parcialmente la inversión de proyectos de electrificación rural, de beneficio social o de utilidad pública, que se desarrollen fuera de una zona territorial delimitada.
2)Esos proyectos son objeto de subsidio: Los recursos que otorgue el Estado serán considerados como un subsidio, los cuales no podrán ser trasladados como costo al usuario.
3)Los proyectos de Electrificación Rural debieran ser operados por un distribuidor, al quedar ya operativos: Las obras que se construyan con estos aportes serán administradas y operadas por el adjudicatario, quien en estas actividades se obliga a mantenerlas en perfectas condiciones de uso.
4)Estos proyectos deberán ser evaluados económica y socialmente. El Artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Electricidad (RLGE) manda al MEM establecer un procedimiento para la elaboración de un informe de evaluación económica y social del proyecto. Lo anteriormente indicado, con el fin de resolver la procedencia o improcedencia del mismo.
Es así, estimado lector, que de lo anteriormente expuesto concluimos que la construcción de redes destinadas a electrificar las áreas rurales no es una función prevista en la ley para los inversionistas privados; por el contrario, el marco legal lo asigna en forma directa a la gestión estatal por medio del MEM.
Se observa también que el financiamiento de la electrificación rural está previsto para ejecutarse con fondos estatales, concepto que se reafirma en el Artículo 61 del Reglamento de la LGE, el cual manda a estructurar las tarifas de modo que puedan promover la igualdad de tratamiento a los consumidores y la eficiencia económica del sector, enfatizando que en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a una categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros usuarios.
Y que dentro de todo el marco legal del sector eléctrico únicamente en dos artículos, el 47 de la ley y el 77 del Reglamento de la LGE se aborda dicho tema, se deduce que su desarrollo está todavía pendiente, constituyéndose en una necesidad y a la vez en una oportunidad para nuestra sociedad.
El único intento de legislar el suministro para pequeños consumidores se dio por medio de la ley de tarifa social, Decreto 96-2000, el cual por cubrir un rango de consumidores bastante más amplio que el que podría corresponder a la electrificación rural se desenfoca de ese objetivo. ¿Cuál podría ser su contenido para hacerla operativa? Es lo que se continuará planteando en próximas fechas.
