Sebastián Toledo
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Organismos mundiales de derechos humanos han adoptado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, quien históricamente ha sido objeto de abusos y malos tratos. Desde someterla a explotaciones en el campo laboral y en el hogar, en la administración pública y en la empresa privada, se le relega a espacios de participación de segunda jerarquía. Por lo que en esta fecha debemos reflexionar para determinar si en nuestros entornos valoramos y respetamos el papel de la mujer.
Porque muchos relacionamos la violencia contra la mujer con las acciones anteriormente referidas, por los padres, los hermanos o por los esposos. Pero también se da por la negación de oportunidades debido a la falta o debilidad de las políticas públicas que deben promover y proteger sus derechos. Tal situación se naturaliza dadas las características machistas que prevalecen en la sociedad.
Debemos tener en cuenta que en las distintas sociedades del mundo hay mujeres que no tienen acceso al disfrute de sus derechos.
La negación de oportunidades hacia la mujer ha provocado que se vea restringida en el ejercicio de sus derechos y, con ello, una serie de limitaciones en su participación social, por lo que muchas han debido librar intensas luchas para que los Estados respeten y valoren sus aportes al desarrollo de la humanidad; de aquí que en la actualidad seamos testigos de mujeres que se destacan en diversos campos, con resultados altamente satisfactorios.
Es fundamental que tomadores de decisiones, autoridades de gobierno y sociedad en general nos tomemos un tiempo para reflexionar sobre cómo estamos contribuyendo con la erradicación de la violencia contra la mujer. Tanto en el hogar como en la escuela, en los servicios de salud, en la participación política; es decir, si promovemos la igualdad hacia ellas en todos los ámbitos de la actividad humana.
Debemos tener en cuenta que en las distintas sociedades del mundo hay mujeres que no tienen acceso al disfrute de sus derechos. Las mujeres con discapacidad, que en su mayoría se ven marginadas y discriminadas por la familia, las instituciones y hasta por las mismas organizaciones sociales. En Guatemala, representan más del 50 por ciento de la población con discapacidad, que según los datos de dos encuestas y un censo nacional, no tienen acceso al empleo, a la educación, a la salud y demás servicios públicos.
