Miguel A. Alonso del Val
Profesor de la Escuela de Arquitectura
Porque el problema no es revestir para mejorar las prestaciones energéticas: el problema es hacerlo sin adecuarse a la composición geométrica original, ni al material o textura del edificio preexistente. Aplicar de manera ciega y estandarizada un sistema técnico con dimensiones de recinto privado a una fachada pública, ya que, en estas cuestiones, el tamaño y disposición de las piezas importa y mucho. O hacerlo sin evaluar, en tantos casos, que la gran pérdida de energía se produce en carpinterías, vidrios y cajas de persianas que no se sustituyen o en cubiertas que no se tratan.
Esta destrucción sorda del tejido constructivo de la ciudad, que es patrimonio común de todos nosotros gracias al legado de unos magníficos artesanos del ladrillo llamado caravista, bajo la coartada de lograr una mejora energética, ha dejado ya algunos ejemplos lastimosos en el Segundo Ensanche y en el Barrio de San Juan. Asimismo, amenaza con propagarse a toda la comarca sin que, teóricamente, las normas urbanísticas u ordenanzas municipales puedan poner coto a unas intervenciones tan demandadas por los objetivos de reducción de consumos energéticos que, necesariamente, han de ser específicas y adecuadas a cada objeto arquitectónico que define la trama de la ciudad de Pamplona. Por todo ello, además de hacer un llamamiento a nuestro propio colectivo, pidiendo que utilicemos la lógica y no la receta para ser fieles al arte de la construcción que siempre ha supuesto una manipulación creativa de los fríos sistemas técnicos o de las meras prescripciones comerciales; conviene señalar a los ciudadanos que las fachadas de los edificios privados son también un elemento de común disfrute de la ciudadanía, un bien compartido por todos que, a través de la condición histórica y la personalidad diferencial del espacio público, nos identifica y nos regala señas de identidad.
Conviene señalar a los ciudadanos que las fachadas de los edificios privados son también un elemento de común disfrute de la ciudadanía.
Una herencia compartida cuya custodia corresponde a los poderes públicos, especialmente a los técnicos municipales sobrados de criterio y preparación para demandar una buena respuesta. Su responsabilidad no es negar las intervenciones de mejora, ni paralizar la inversión de los fondos europeos, sino exigir que se hagan con criterios de calidad, no solo material y técnica, sino arquitectónica, en el sentido pleno del término. Unos criterios que deben atender a la escala y posición urbana de cada edificio, al trazado y ritmo de sus llenos y vacíos, a la textura y composición de sus fábricas constructivas, a su color, etc., a los valores arquitectónicos que hacen únicos a tantos edificios humildes de nuestro paisaje urbano y, por supuesto, a todos aquellos que han adquirido una condición de edificios singulares de la ciudad.
