Estudio del SP refleja que 46 por ciento de menores de 13 años no visita a sus padres.
Con el objetivo de determinar distintos impactos en centros de detención del país, el Sistema Penitenciario (SP) presentó algunas investigaciones realizadas a personas privadas de libertad.
En un principio, hay que destacar que el Departamento de Unidad de Expedientes reflejó que en 2020 se registraron 85 825 detenciones en flagrancia, lo que corresponde a un 92 por ciento del total de capturas. El 8 por ciento restante (3816) fue por orden judicial.
Adicionalmente, para determinar la efectividad de los programas psicológicos, se evaluó a 1095 personas durante 6 meses, y se comprobó que todos los planes son efectivos, a excepción del llamado Estrategias para la disminución de conductas agresivas.
Con relación al vínculo familiar de menores de edad, el Departamento de Trabajo Social encuestó a 418 padres y madres privadas de libertad, y se determinó que existe un desprendimiento del vínculo familiar. El 46 por ciento de los menores de 13 años no visita a su progenitor.
También, se dieron a conocer los factores que influyen en la economía de los reclusos.
En ese sentido, se encuestó a 250 personas de 4 prisiones: el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, el Centro de Orientación Femenino, el Preventivo para Hombres y la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes.
360 personas por cada 1000 casos fueron enviadas a centros de detención en 2020.
Las dos categorías de negocios más frecuentes que se determinaron fueron los comedores y tiendas o abarroterías, los cuales proveen de insumos básicos. Otros de los proyectos laborales fueron barbería o peluquería, elaboración de redes y panadería, entre otras.
El Departamento Educativo identificó los factores que inciden en el retiro de la población estudiantil de los programas de enseñanza formal. De 89 alumnos que desertaron, el 79 por ciento indicó que recibía buena formación.
Sin embargo, otro 43 por ciento dijo tener problemas para retener información, 53 por ciento argumentó no contar con un documento de identificación y un 61 por ciento expresó haber tenido dificultades económicas para gastos de papelería del título.
