Dr. Jorge Antonio Ortega G.
Validar la conceptualización de soberanía en la posmodernidad,
con variantes y alternativas, al igual que garantizar la pervivencia de la Institución Armada en su entorno conlleva un andamiaje conceptual, lejos de los paradigmas y prejuicios del siglo pasado. Se requiere de una visión renovada para enfrentar los retos de la integración regional, sin erosionar la existencia de la soberanía y restar legitimidad de su ejercicio por el brazo armado del Estado.
De los elementos que fundamentan al Estado se encuentra la soberanía, que le permite legalidad, legitimidad y permanencia para el uso de la fuerza si fuera necesario para hacer efectivo el dominio del espacio nacional, en sus variantes como lo consignan los Artículos 141 y 142 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Soberanía significa para los guatemaltecos autoridad suprema. Esta autoridad suprema del poder público o poder del Estado, radica en el pueblo y el pueblo la delega para su ejercicio en los tres organismos estatales.
El ejercicio de este derecho se basa en la autoridad que le permite la plena soberanía sobre su territorio nacional, entendiendo esta autoridad al mar adyacente y al espacio aéreo sobre el territorio y el mar, incluyendo recursos naturales y vivos localizados en ambos. La soberanía se proyecta hacia fuera del Estado como parte de su Relaciones Internacionales.
El ejercicio de la soberanía ni es pleno ni mucho menos total.
Existen otros conceptos y aplicaciones como el de la soberanía jurídica y la política que en un momento pueden aproximarse o coexistir en determinados ambientes de coyuntura. Lo singular de la conceptualización de la soberanía es su deterioro en la globalización y la fragilidad de su legitimidad frente a la Integración Regional, a pesar de que en el Istmo no es un debate frontal y serio desde la perspectiva militar, pero se vislumbra en el marco del Protocolo de Tegucigalpa que instituye el Sistema de la Integración Centroamericano Sica (1991) el libre tráfico de personas, bienes y servicios a través de la eliminación de fronteras y nivelación de tasas impositivas así como dando paso a otras estructuras dentro del entorno de la seguridad y defensa de los centroamericanos a través del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica (1995)
El problema radica básicamente en la pérdida real de autonomía del Estado para ejercer su autoridad suprema en su espacio nacional y en casos especiales en su proyección, debido a la interdependencia cada día mayor entre Estados, la influencia directa o indirecta de las organizaciones no gubernamentales, la proliferación de actores transnacionales y de supraestructuras que de una manera u otra tiene injerencia y limitan el accionar estatal.
¿Cómo asumir el reto que plantea este escenario? Lo primero que hay que tener claro es que el ejercicio de la soberanía ni es pleno ni mucho menos total, lo cual es un referente histórico sólido y comprobable, siempre hay condicionantes que limitan esta autoridad del Estado.
Segundo: Es necesaria una nueva arquitectura de seguridad y defensa que permita alternativas compartidas, en conjunto, corporativas y/o colectivas, debido a que las amenazas a enfrentar y los intereses a proteger son en común para el caso regional.
Tercero: Redimensionar el concepto de soberanía, debido a la flexibilidad que se requiere en la postmodernidad que capitaliza la globalización y dentro de ella la integración; dejando fuera lo nacional y por ende la autoridad que deriva del Estado para la ejecución de sus normas.
Las estructuras actuales se pueden adaptar, es un asunto delicado, su replanteamiento es impostergable frente a las exigencias de la posmodernidad y al deterioro que sufre día a día la soberanía y las instituciones responsables de mantenerla, ¡es posible!, generando propuestas de innovación para adelantarse a los problemas y creatividad para resolver aquellos que no se puedan esquivar debido a las circunstancias. ¡Una respuesta sencilla pero integral!
