Guatemala es uno de los países de Centroamérica más golpeados por los efectos del cambio climático. Huracanes, depresiones y tormentas tropicales han azotado gran parte del territorio nacional, causando pérdida de vidas humanas, daños materiales y económicos de gran envergadura.
De acuerdo con estimaciones de las autoridades gubernamentales, las pérdidas que han dejado los efectos del cambio climático en las últimas décadas alcanzan los US $6270.9 millones.
Asimismo, el Informe del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos coloca a Guatemala entre los 11 países del mundo altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Entre los factores que afectan están la ubicación geográfica, la pobreza y las condiciones sociales.
Los más recientes eventos relacionados con los trastornos atmosféricos son las depresiones tropicales Eta e Iota, que hace exactamente un año causaron estragos en casi todo el territorio nacional.
Como medida para paliar la situación, el Gobierno de la República accionó de manera inmediata para llevar asistencia a las familias damnificadas y, en su debido tiempo, comenzó la reconstrucción de la infraestructura.
Además, se establecieron lineamientos para que la realidad de nuestro país fuera conocida en el ámbito mundial, a fin de que la comunidad internacional considere las fuentes de financiamiento ágil y de calidad para acciones de resiliencia en las comunidades.
En ese sentido, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia, fue la ventana para exponer sobre la vulnerabilidad de la región ante las drásticas variaciones del clima.
El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas Espino, fue el portavoz de millones de guatemaltecos y centroamericanos al solicitar que la región sea reconocida como altamente vulnerable al impacto de pérdidas y daños que imponen los desastres naturales.
Asimismo, hizo un llamado a las partes para que prevalezcan los objetivos definidos en el Acuerdo de París que permita a las naciones en desarrollo y vulnerables, como las del istmo, a responder de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes, según las capacidades y circunstancias nacionales.
