Dentro de la agenda legislativa aún en el tintero del Congreso de la República se encuentra la ley de competencia. Desde abril de 2018, el estatus de la iniciativa 5074 es primer debate aprobado. Su principal propósito es fortalecer la eficiencia económica nacional en beneficio del consumidor, prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas anticompetitivas, la fijación de precios, las concentraciones irregulares y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
A modo de antecedente, es oportuno enumerar algunos aspectos que demandan la emisión de esta normativa en principio; nuestra misma Constitución Política de la República establece que el Estado debe velar por proteger la economía, fomentando mercados competitivos, eliminando barreras de entrada o de salida para que los agentes económicos puedan desarrollar sus actividades sin ninguna restricción.
Si bien es cierto, en la actualidad disponemos de leyes ordinarias como el Código de Comercio, que prohíbe los monopolios y la competencia desleal, el Código Penal que lo sanciona, y por su parte otras que regulan aspectos en sectores específicos como las telecomunicaciones y los hidrocarburos, hace falta la integralidad de los procedimientos para protección de los competidores, proveedores y usuarios, la regulación para control de operaciones de concentración y una institucionalidad que lo aplique con plena independencia y autonomía.
Una ley de competencia generará mayor apertura al comercio
internacional.
Así mismo, Guatemala también adquirió compromisos internacionales en el marco de la suscripción del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que refieren contar con legislación nacional propia para abordar prácticas anticompetitivas. Recientemente, entró en vigor el Primer Reglamento Centroamericano de Competencia, cuyo objetivo es la creación de un entorno competitivo donde se estimule la innovación y la productividad en la región centroamericana, eliminando barreras en los mercados.
El país debe disponer de instrumentos legales que garanticen la libre competencia y que sirvan de base en las esferas de las negociaciones comerciales, donde cada vez se demandan mercados más sanos, regulados y de libre concurrencia para que los agentes económicos puedan desarrollar sus actividades sin ninguna limitación. Una ley de competencia generará mayor apertura al comercio internacional.
