El primer principio es el de apertura que impone a las instituciones
públicas el trabajar de forma más abierta desarrollando una comunicación más activa, utilizando un lenguaje más accesible y adoptando las medidas que en general conduzcan a una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
El segundo principio es el de participación, pues se entiende que la calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas exigen una amplia participación ciudadana, tanto en la fase de formulación como de implementación. De la participación se espera también un reforzamiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El tercer principio es el de responsabilidad, que exige la clarificación del papel de cada una de las instituciones que intervienen en la toma de decisiones, así como de los Estados y de los demás agentes gubernamentales que participen en el desarrollo y aplicación de las políticas públicas.
De la participación se espera también un reforzamiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
El cuarto principio es el de eficacia, que exige que las medidas adoptadas produzcan los resultados buscados sobre la base de unos objetivos claros, de una evaluación de su futuro impacto y, en su caso, de la experiencia acumulada. La eficacia requiere también que la elaboración de las políticas proporcionadas y que las decisiones se tomen al nivel más apropiado.
El quinto principio es el de coherencia, que exige que las distintas políticas y acciones sean coherentes y fácilmente comprensibles. La necesidad de coherencia es cada vez mayor pues las tareas son cada vez más complejas y diversas y rebasan las fronteras de las políticas tradicionales.
La coherencia requiere liderazgo político y compromiso firme por parte de las instituciones con el fin de garantizar un enfoque coherente dentro de un sistema complejo. La complejidad se incrementa con la participación obligada y creciente de las administraciones públicas y de los intereses organizados. Sin estos principios, es probable que las instituciones no sean capaces de prestar servicios públicos y de satisfacer las necesidades de la población.
La gobernanza ha sido crecientemente caracterizada como un sistema de gobierno multinivel en el que la autoridad se dispersa en los diferentes niveles gubernamentales y adopta formas diferentes en función de cada institución.
