Ahora que retomamos una cierta normalidad poscuarentenas en Chile, junto con el aumento de la congestión se advierte un creciente número de vehículos circulando impunes por nuestras ciudades y autopistas, sin placa patente. No se trata de vehículos recién comprados con permisos de circulación temporales, sino más bien de la naturalización de un delito que, de aumentar o perpetuarse, puede tener severas consecuencias en el desarrollo de nuestra infraestructura, seguridad vial y ciudadana.
Todo empezó a los pocos días del estallido social de 2019, cuando el movimiento No+TAG se aprovechó del pánico y las demandas sociales para incluir sus quejas respecto a las tarifas de las autopistas concesionadas y las altas multas acumuladas por sus miembros en tribunales. Tergiversando el concepto de desobediencia civil, sumaron adeptos que terminaron por torcer la mano al MOP obligándolo en noviembre de 2019 a firmar un convenio con las empresas concesionarias para regularizar las deudas acumuladas, ajustar las alzas de tarifas y generar convenios especiales para motos y vehículos pesados. Pese a este “perdonazo”, muchos siguen circulando sin sus patentes, e incluso me atrevo a decir que el número ha aumentado. Esto nos lleva a otro problema: al no poder identificarse un vehículo, no solo es imposible cobrar su peaje, también se presta para delinquir, ya que las autopistas urbanas son las mejores vías de escape para “portonazos” y encerronas. Si a ello agregamos carreras clandestinas que aumentan el riesgo de accidentes, estas conductas pueden escalar de manera grave.
El costo de implementarlas y mantener estándares operacionales y de seguridad es muy alto, e inteligentemente el Estado decidió concesionarlas hace 30 años.
Si bien es cierto que el costo de los peajes es una carga pesada para miles de automovilistas, que las autopistas y carreteras sean públicas no implica que deban ser gratis. El costo de implementarlas y mantener estándares operacionales y de seguridad es muy alto, e inteligentemente el Estado decidió concesionarlas hace 30 años para así dedicar o guardar los recursos públicos en programas socialmente más rentables, como el IFE.
Es así como concesionarios privados arriesgaron e invirtieron más de 25 000 millones de dólares en construir, operar y, luego de un tiempo adecuado para recuperar la inversión, devolver al Estado nuestra infraestructura pública. Si bien puede ser que los valores de los peajes en algunos casos parezcan excesivos, esto se debe a que al momento de licitarse los contratos la incertidumbre respecto al volumen de tráfico era alta, lo que ya fue corregido.
Usar el auto por nuestras autopistas y carreteras no es un derecho, es un privilegio, y como tal tenemos que estar conscientes de que el que quiera saltarse la fila o justificar su evasión como supuesta rebeldía contra el lucro, lo que finalmente está haciendo es poner su egoísmo e intereses personales por sobre los del resto de la comunidad.
