Maria Daniela Bolaños
Coordinadora de la Comisión de Arveja y Vegetales Agexport
En 2021, la agroindustria en Guatemala ha estado expuesta a riesgos de insostenibilidad económica debido al Covid-19, el aumento desproporcionado de los costos logísticos y de transporte, el alza de los precios de insumos agrícolas y halada por mercados internacionales cada vez más irracionalmente exigentes.
Las consecuencias de esta crisis multitemática han incrementado los dolores que presenta una industria agrícola ya golpeada por los efectos adversos del clima, las plagas y los bajos precios internacionales.
La industria de arveja y vegetales en Guatemala no está exenta de estos momentos difíciles. Sus productores, concentrados en el Altiplano central del país, han batallado por años para ajustarse a las exigencias de mercados como Estados Unidos y Europa, que demandan estándares de calidad superiores, a costos altísimos: como el uso cada vez más restringido de pesticidas de vital importancia para mantener la calidad del producto y la rentabilidad de la operación y el incremento de certificaciones y acreditaciones que elevan los costos de producción sin aumentar los precios al consumidor. El camino trazado de estos mercados hacia la agricultura ecológica supone una merma en la competitividad y un riesgo a la seguridad alimentaria de un planeta que aumenta exponencialmente su demanda de alimentos en respuesta al incremento poblacional.
La industria de arveja y vegetales en Guatemala no está exenta de estos momentos difíciles.
En su intento de elevar la sostenibilidad de los productos agrícolas, los gigantes comerciales se han olvidado del objetivo primordial de la sostenibilidad: hacer que los sistemas biológicos se mantengan productivos a través del tiempo. Esto implica, entre otros, garantizar la rentabilidad económica de productores y agroexportadores y la calidad de vida de las comunidades que dependen de la agricultura. Pero esto no se puede alcanzar si se continúa doblegando a los productores con barreras, precios tan bajos que en ocasiones ni siquiera cubren los costos de producción y falta de apoyo e incentivos en materia tecnológica con miras a aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios.
Garantizar los recursos económicos de más de 60 000 familias productoras de arveja y vegetales, en un área de influencia de más de 200 comunidades, primordialmente en los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Quiché y Jalapa, depende en gran medida de la verdadera ejecución de políticas de competitividad que aseguren precios justos para productores y exportadores, favorezcan el acceso a tecnología y financiamiento agrícola, mejoren la generación y distribución de la información, e impulsen inversiones orientadas a mejorar la conectividad y capacidad de la infraestructura del país
