El Gobierno de Guatemala prevé destinar Q18 260 millones del presupuesto 2022 para proyectos de inversión pública, los cuales tienen como propósito desarrollar acciones encaminadas a mitigar o eliminar las carencias sociales como parte de la Política General de Gobierno.
En el Proyecto de Presupuesto entregado al Congreso de la República se detallan las obras de infraestructura por departamento, municipio, institución, unidad ejecutora y fuente de financiamiento, así como las asignaciones para las necesidades de equipamiento institucional, las transferencias de capital y la inversión financiera.
“Se busca que las obras lleguen al pueblo con transparencia y calidad del gasto.” Alvaro González Ricci Titular del Minfin
Entre las obras que se pretenden realizar el próximo año está el remozamiento, ampliación y construcción de varias escuelas en el ámbito nacional, sistemas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable, construcción de centros de capacitación e institutos tecnológicos, pasos a desnivel, caminos comunales, puentes vehiculares y reposición de carreteras, entre otros.
352
proyectos se contemplan para el departamento de Guatemala.
En la propuesta de presupuesto 2022, los proyectos de inversión pública ascienden a Q5618 millones, de los cuales Q2859 millones corresponden a los formulados por los Ministerios de Estado, y Q2758 millones para los consejos departamentales de desarrollo (Codede) otorgados mediante transferencias de capital, a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.
Guatemala es el departamento que encabeza el listado de obras, ya que están planificadas 352. Le sigue San Marcos, con 344; Quiché, con 306; Quetzaltenango, con 263; Huehuetenango, con 255; Petén, con 248; Retalhuleu, con 252; Totonicapán, con 241; Chimaltenango, con 237; Sololá, con 215, y Jutiapa, con 201. El ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González Ricci, ha insistido en la importancia de que el Congreso apruebe el presupuesto 2022 para que los proyectos de inversión pública puedan ejecutarse desde el primer día de enero. De lo contrario, se tendrían que hacer modificaciones y eso conllevaría atrasos de hasta cinco y seis meses.
