Sergio Verdugo
Profesor Investigador de Facultad de Derecho
No existe una correlación clara entre el tipo de voto que se adopte y la estabilidad del sistema democrático o el respeto por el Estado de Derecho. Sabemos muy poco y tenemos que legislar con información incompleta. Un tercer punto que debemos considerar, es que las reglas electorales deben ser estables para que ellas puedan cumplir el propósito de habilitar procesos democráticos predecibles, que sean conocidos por los actores que participan en ellos. Esto implica tomarse en serio la idea de que la opinión pública ha sido cambiante en esta materia, que la Convención Constitucional probablemente volverá a discutirlo, que estamos en un año electoral y que existen argumentos oportunistas en ambos lados del debate. Cualquiera sea la reforma que se haga, es deseable que ella sirva para consolidar procesos democráticos en el largo plazo y que no estemos discutiendo esta materia de nuevo en pocos años (o meses) más. Para eso, se necesitan acuerdos políticos transversales sostenibles en el tiempo.
El problema de esas teorías es que suelen ignorar el valor de la norma.
Lamentablemente, la ausencia de un debate parlamentario más profundo ha impedido considerar la utilización de alternativas que podrían incrementar la participación y a equilibrar mejor las diferentes posiciones. Es importante tener presente que, en su estado actual, el proyecto de reforma constitucional se limita a reconocer que el voto es obligatorio sin establecer un sistema que implemente dicha obligatoriedad (lo que queda entregado a la ley). Esto podría cambiar durante el trámite legislativo. Una primera alternativa es reconocer la obligatoriedad del sufragio, sin establecer una sanción. Esta opción reconoce que el Derecho puede ser utilizado para guiar conductas que son deseables en un sistema cuyas instituciones representativas se legitiman, en parte, gracias a la participación electoral, sin necesidad de imponer cargas que pueden resultar intolerables para varios individuos (con lo que se respetan esas percepciones individuales). Algunos teóricos del Derecho argumentan en contra de este tipo de normas, en tanto no reconocerían una sanción que hiciera efectiva la conducta. El problema de esas teorías es que suelen ignorar el valor de la norma como instrumento pedagógico, simbólico y de coordinación.
Una segunda posibilidad, es establecer sanciones en conjunto con un generoso sistema de excusas. Tan generoso, que en la práctica cualquiera se pueda excusar con un simple trámite.
