Sebastián Toledo
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La Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad Manuel Tot (AGPD) convocó a los entes relacionados con la gestión integral de riesgos, para iniciar una coordinación en función de las necesidades de la población con discapacidad. Iniciativa que cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y como organismo complementado en la región, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS), un esfuerzo sumamente necesario en el país.
La AGPD propone la conformación de una coalición entre el sector público y organizaciones de la sociedad civil, para impulsar una ruta de trabajo que contenga acciones en pro de las necesidades de la población con discapacidad en los desastres y calamidades.
Un sector altamente vulnerable ante estos hechos, ya que si en tiempos regulares el ambiente físico presenta dificultades que limitan la movilidad de esta población, ante la alteración a causa de un desastre los obstáculos se hacen más frecuentes.
Existen otros estudios que reafirman la información
La tasa de mortalidad de personas con discapacidad es entre dos o cuatro veces mayor en relación con personas sin discapacidad, según datos que derivan de la 8a. Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2015. Sin embargo, existen otros estudios que reafirman la información, por lo que se hace urgente e impostergable establecer la coordinación interinstitucional.
La geografía de Guatemala, más sus características sociales, económicas y políticas le hacen ser altamente vulnerable a los efectos de desastres naturales y de la conflictividad social. Por lo que el país atraviesa conflictos en sus capacidades, debido no solo a que se dispone de limitados recursos, sino que además se carece de espacios de coordinación interinstitucional e
intersectorial.
A partir de la propuesta de coalición para impulsar procesos de gestión integral de riesgos con enfoque en discapacidad, se pretende la suma de esfuerzos y recursos para fortalecer la capacidad institucional.
Misma que debe estar en condiciones apropiadas, a fin de atender como corresponde a este sector, para que se hagan efectivos los compromisos de país en materia de gestión de riesgos ante desastres, bajo principios de equidad y justicia.
