Las unidades jurídicas deben poner atención especial a los plazos.
Los departamentos jurídicos de las dependencias públicas jugarán un rol fundamental en la implementación de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, conocida como Ley Antitrámites, que renovará los servicios que el Gobierno brinda a la población.
Gabriela Morales, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), expuso que los abogados de las instituciones, por ser quienes asesoran a las autoridades, deberán poner atención especial a los plazos establecidos en la Ley.
Para ello, es necesario que los profesionales del derecho se empapen de la norma y consideren que a partir del 31 de agosto, cuando entre en vigencia la citada legislación, comienzan a correr los tiempos de la implementación.
Uno de estos y el más próximo es el que determina que en seis meses las dependencias deben colocar las solicitudes y formularios en línea, además de elaborar un plan para la simplificación de trámites y servicios administrativos, indicó Morales.
Los otros plazos que dispone la Ley es la implementación, hasta en un año, de los medios electrónicos y dos años para que los sistemas ya permitan la gestión de los trámites en línea.
Aunque la norma es flexible al otorgar un año de prórroga para implementar, por pasos, la simplificación de las gestiones y la migración a lo digital, lo cual debe ser avalado por la Comisión Presidencial de GAE, hay que estar conscientes de las sanciones por el incumplimiento de los tiempos, remarcó la funcionaria.
