Rebeca Arias Flores
Coordinadora Residente [email protected]
La Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió en 2003 dedicar el 23 de junio a la administración pública y su vínculo con el desarrollo sostenible. Destaca la Resolución 57/277 la necesidad de adoptar iniciativas de fomento de la capacidad encaminadas al fomento de las instituciones, el desarrollo de los recursos humanos y el fortalecimiento de la gestión financiera y el aprovechamiento del potencial de la información y la tecnología.
Una administración pública responsable, eficiente, eficaz y transparente, tanto en el ámbito nacional como internacional, tiene un papel básico que desempeñar en la aplicación de los objetivos convenidos internacionalmente, incluidos los 17 que conforman la Agenda 2030.
El secretario general nos invita a sacar las lecciones de la pasada década, donde la revolución digital transformó la manera en la que vivimos, trabajamos y cómo se hace gobierno. Las innovaciones impulsadas por la tecnología y los datos han hecho que el ritmo de nuestra vida cotidiana se acelere, nos ha dado mayor acceso a la información y más voz a la sociedad civil. Ha cambiado también la forma en que resolvemos los problemas, diseñamos políticas y prestamos servicios. Al mismo tiempo, los gobiernos se encuentran bajo la presión de los recursos y las crecientes demandas públicas, teniendo que hacer mucho más, con menos. La pandemia por el Covid-19 fue un multiplicador de estas tendencias.
Introdujo el teletrabajo en el Gobierno, la prestación de servicios digitales, los equipos de servicios virtuales e incluso nuevas carteras Hoy, todos los países del mundo necesitan replantearse la estructura y el modelo operativo de su administración pública en el umbral de la tercera década del siglo XXI. En la próxima era habrá cambios fundamentales en la forma en que se contrata, capacita y retiene a los funcionarios públicos. Se aprovechará más la tecnología para tomar mejores decisiones, supervisar el desempeño y prestar servicios, y será necesario que el sector privado y la sociedad en general desempeñen un papel más importante en todos los aspectos de la creación de valor público.
Innovar la futura administración pública se reflejará en la forma de contratar, capacitar y retener al funcionario.
El futuro del servicio público debe ser más ágil, con conocimiento de la tecnología, basado en datos y centrado en el ser humano. Estos son elementos básicos para aumentar la preparación futura, garantizar políticas inclusivas y servicios receptivos, reducir las desigualdades y aumentar la confianza en el Gobierno. En el Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025, se puede encontrar la prioridad que le damos a este tema. El pilar de “instituciones sólidas” está pensado precisamente en fortalecer las capacidades nacionales para lograr las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, alineados con la Política General de Gobierno y el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Esta área del trabajo de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala aborda temas de gobernanza democrática, transparencia y datos, movilidad humana y participación política y cívica, combate a la corrupción, entre otros. De acuerdo con lo acordado con el Gobierno de Guatemala, esta área está bajo la rectoría del Ministerio Finanzas Públicas y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
Hago propicia la ocasión para felicitar a las instituciones, a las funcionarias y funcionarios del Estado de Guatemala que se esfuerzan diariamente para atender las demandas del país, que sirven con dedicación y responsabilidad a las y los guatemaltecos. Esta fecha dedicada a la administración pública y el desarrollo debe servir para reflexionar sobre su importante papel y sus contribuciones para que las instituciones sean más sólidas en favor de la justicia, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz.
