Desde el inicio de la gestión, el mandatario implementó la CPCC para enfrentar dicho fenómeno.
Con acciones concretas, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha demostrado su convicción por prevenir, combatir y erradicar la corrupción en el Organismo Ejecutivo, un compromiso que se reiteró ayer mediante un comunicado oficial publicado por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).
Muestra de este compromiso fue que, desde el primer día de su gestión, el mandatario creó la CPCC, una entidad responsable de la investigación administrativa de posibles actos deshonestos cometidos por funcionarios, servidores públicos y personas individuales o jurídicas dentro de las entidades del Ejecutivo.
Resultado de este trabajo son las 17 denuncias que la CPCC ha presentado ante el Ministerio Público (MP) y 2 ante la Contraloría General de Cuentas (CGC). Además se han investigado 112 alertas administrativas, con el propósito de transparentar las gestiones del Gobierno.
Foto: Noé Pérez/DCA
Además, el Gobierno se ha adherido a convenios y acuerdos contra dicho fenómeno. Uno de ellos es el Convenio de Cooperación Inter-institucional Anticorrupción, en el que participan el MP, la CGC, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las superintendencias de Bancos (SIB) y de Administración Tributaria (SAT).
El Ejecutivo también forma parte del Convenio Interinstitucional de Buena Gobernanza, en el que también participan las anteriores instituciones más la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), con el fin de que la lucha contra la corrupción también llegue a las comunas.
De igual forma, entre los esfuerzos por la transparencia se destaca la propuesta del nuevo Código de Ética y Probidad, en cumplimiento de los compromisos asumidos tras la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Internacional contra la Corrupción y la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública.
Foto: Noé Pérez/DCA
Trabajo
Por otra parte, con el apoyo de la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, la CPCC propuso un acuerdo gubernativo que obliga a toda persona vinculada con el Gobierno a presentar una declaración de conflicto de intereses.
Asimismo, con asesoría de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) se formuló un diagnóstico de las unidades de control interno del Ejecutivo, a fin de optimizar el control sobre las 65 entidades de este organismo.
Mientras que, a través del Mecanismo de Rendición de Cuentas, se establece la obligación de las entidades de dar cuenta de su ejecución presupuestaria, gasto público y cumplimiento de planificación.
