Uno de los aspectos en los que mayores avances ha habido en la participación de las personas con discapacidad es en el campo educativo, sin que ello signifique que no debe generarnos algunas preocupaciones, ya que los datos en los últimos años indican que la taza de escolaridad de las personas con discapacidad en el mundo es extremadamente baja.
En Guatemala se decía que solo el 10% de los niños y niñas concluían la educación primaria, el 6% la media y apenas un .05% alcanzaba la educación superior.
Las razones por las cuales se registran estos datos de exclusión son las múltiples situaciones del entorno físico y social: falta de producción de materiales de estudio accesibles, docentes debidamente capacitados, falta de medidas de accesibilidad en centros educativos, entre otros elementos.
Los derechos educativos del sector se empezaron a atender en el medio nacional desde 1941, desde la modalidad de la educación especial. En 1976 se dieron los primeros pasos en la integración escolar, pero era una acción que se impulsaba predominantemente en establecimientos de carácter
privado.
En los años 80, las organizaciones de padres de personas con discapacidad empezaron a generar importantes aportes.
Se establecieron escuelas de educación especial en distintos puntos de la república, donde la mayoría de docentes fue facilitada por el Ministerio de Educación, una modalidad que aún persiste. Es un trabajo que en la actualidad constituye la alternativa que mayores soluciones ha generado para la niñez con discapacidad. Sin embargo, deben fortalecerse las acciones iniciadas en los 70, hasta alcanzar la efectiva inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo regular.
Al planteamiento del movimiento nacional de las personas con discapacidad, se estableció la Dirección General de Educación Especial en el Ministerio de Educación, en 2008. Es una instancia desde donde se impulsan importantes acciones, pero es indudable que quedan muchos pasos por dar para alcanzar la inclusión educativa.
