Ana Contreras
Asesora legal [email protected]
La modernización de las dependencias del Estado es crucial para promover la formalización empresarial, la generación de un clima favorable para hacer negocios y la atracción de inversiones. El uso de herramientas tecnológicas que faciliten la interacción ciudadana, así como la celeridad y sencillez de los trámites administrativos, garantizará los derechos de toda persona a una eficiente y pronta atención de sus solicitudes.
El Congreso de la República, como parte de la agenda económica legislativa, aprobó el Decreto No. 5-2021, Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, la cual tiene como principal objetivo que las dependencias del Organismo Ejecutivo; es decir, ministerios, secretarías, registros públicos como la propiedad de inmuebles, mercantil, garantías mobiliarias y propiedad intelectual, entre otros, reduzcan los procedimientos, costos, requisitos y tiempos de duración de las diligencias públicas, con el fin de brindar un servicio ágil y con soporte tecnológico. La ley no regula directamente a los organismos Legislativo y Judicial, así como municipalidades; sin embargo, la podrán aplicar por decisión propia en el marco de su autonomía.
La ley abre las puertas a un gobierno electrónico, rápido y efectivo.
Pero, ¿qué beneficios ofrece esta regulación a los ciudadanos? La ley presenta interesantes cambios, que deberán ser implementados en forma progresiva en un plazo máximo de dos años, y que llevados a la práctica traerán resultados positivos: Fomenta la legalidad, eliminando la discrecionalidad del funcionario de requerir requisitos que no están establecidos en la ley o documentos que estos mismos emiten. Propicia una mejor atención al público, prohíbe los horarios reducidos o limitados para la presentación o entrega de expedientes, garantizando la atención a las personas que ingresen a la entidad antes del horario de cierre. Mejora de los procedimientos. Todas las entidades deberán reducir los procedimientos innecesarios o redundantes, rediseñándolos de la forma más sencilla posible, utilizando al máximo los medios electrónicos y permitiendo al usuario realizar los trámites a distancia. La ley abre las puertas a un gobierno electrónico, rápido y efectivo para favorecer la competitividad país.
