Rodrigo Fernández Ordóñez
Director Presidente Comisión Nacional de Energía Eléctrica
La Ley Orgánica del INDE, Decreto 1287, emitida en 1959, consolidó el modelo del sector eléctrico nacionalizado, dentro del cual el INDE habría de jugar un papel preponderante. En palabras del historiador Javier Calderón, esta ley “…favoreció la creación de un sector eléctrico público, con una integración vertical y con una mayor influencia política de la que había tenido en el pasado…”; es decir, que el tema eléctrico pasó a ser un tema dominado por la actuación estatal, desplazando a los actores de la iniciativa privada, una de las razones por las que el modelo terminó haciendo agua por todas partes y comprometiendo seriamente el presupuesto nacional durante la década de los años ochenta, la llamada “década perdida”. Esta nueva ley contaba con 3 principios:
1. El artículo 56 establecía que solamente el INDE y las municipalidades podrían contratar nuevas plantas para el servicio público; las personas naturales y jurídicas podrían construir plantas de generación, únicamente si contaban con contratos celebrados con el INDE y aprobados por Consejo de Ministros; 2. Ese mismo artículo, en su literal a) “…le asignaba al INDE la obligación del estudio, formulación, revisión y vigilancia en la aplicación de las tarifas eléctricas…”; y 3. El artículo 7 otorgaba al jefe de Gobierno, por medio del entonces Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, la decisión de quiénes integrarían el Consejo Directivo del INDE y quién lo presidiría. Según afirma Calderón: “El modelo de planificación de inversión en nueva generación del INDE tuvo al menos dos momentos importantes.
El tema eléctrico pasó a ser dominado por la actuación estatal.
El primero comenzó en 1966, con la presentación del Programa Nacional de Electrificación. Este contenía un pronóstico de requerimientos de energía eléctrica basado en el crecimiento promedio de la demanda de energía eléctrica, entre 1957 y 1965, de 12% anual. Además, se estimó la potencia máxima anual en 53%…”, modelo que permitió la planificación de plantas de generación de base capaces de cubrir la demanda creciente del país gracias al cual se definieron las plantas Jurún Marinalá de 60MW, Aguacapa 90MW, Atitlán I de 430 MW y, por último, Pueblo Viejo-Quixal (más conocida por nosotros como Chixoy) de 300 MW.
El resultado de este esfuerzo fue la presentación del Plan Maestro de Desarrollo, cuyos estudios empezaron a realizarse a partir de 1974 y que tuvo como productos principales: a) inventario de los recursos, planteamiento y prediseño de posibles desarrollos de generación, y una primera selección de ellos con base en costos globales; y b) Diseño preliminar de proyectos hidroeléctricos seleccionados y la determinación de las alternativas térmicas y geotérmicas para cubrir la demanda y diseñando un proceso de optimización.
