El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), con el apoyo del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP), realizó el lanzamiento del estudio Modelo de Atención en Salud Mental en Guatemala, Funcionalidad del Modelo Actual, Modelos Alternativos de Atención Basados en Derechos Humanos.
Según la doctora Mayra Recinos, consultora del estudio, en países como el nuestro se ha determinado que solo el 15% de la población tiene acceso a la atención en salud mental. Agrega que, de acuerdo con el Modelo de Atención en Salud Mental en Guatemala, para lograr una salud integral, los programas de salud pública deben ser accesibles a las personas con discapacidad; esto permitirá reducir las desigualdades y las necesidades no satisfechas en la esfera de la salud mental y, lo más importante, recalca la experta, es el cambio de paradigma desde un modelo biomédico a un modelo social, desde las orientaciones de la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.
Hoy más que nunca, este es un tema
prioritario.
En Guatemala, en 2016, se llevó a cabo la Encuesta Nacional en Discapacidad (Endis-2016), y los resultados del estudio indican que la mayor prevalencia de la discapacidad es psicosocial, y que se manifiestan a través de la depresión y ansiedad, relacionadas con la pérdida de la salud mental. Estos resultados son similares a estudios realizados antes de la pandemia por otras naciones de la región y de otros continentes. Los detonantes de la discapacidad psicosocial, de acuerdo con la realidad de muchos países, es la pobreza, la migración, la falta de oportunidades, la violencia, lo cual está muy ligado a los problemas estructurales y diferentes problemáticas en el mundo.
Precisamente, entre los efectos colaterales de la emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, se evidencia un deterioro en la salud mental a causa del confinamiento, aislamiento, distanciamiento y pérdidas de vidas humanas.
Hoy, más que nunca, este es un tema prioritario, por lo que deben crearse programas de salud mental integral a través de los entes rectores en el tema. Las acciones por realizarse deben estar acordes con la mencionada convención de la ONU y dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.