Desde esta posición, el Estado debe estar en función de contribuir con el cometido de la formación de ciudadanos, imbuidos en sus derechos y responsabilidades, para que el aparato estatal genere el bienestar, seguridad y desarrolle el bien común en la mayor cobertura posible.
Evitar los injertos en el nuevo diseño debe ser la norma para limitar opciones obsoletas de otras latitudes, que no hacen más que degenerar el perfil nacional, lo cual erosiona la figura y legitimidad del accionar estatal. Hoy, los problemas que sigue viviendo la población de América Latina y particularmente los guatemaltecos son varios, sobre todo en la esfera de seguridad, educación y salud, o sea, todos estos problemas están referidos a las necesidades básicas insatisfechas y que en la coyuntura se van dando eventos sumatorios, algunos previstos, otros ocultos, pero que afloran en circunstancias inesperadas y predisponen la paz y la gobernabilidad.
Por lo tanto, la reforma al Estado es inevitable, es una exigencia de la posmodernidad. La reforma incluye situaciones de forma y fondo, que se desprenden de las características propias de cada nación y su historia política, asimismo, su orientación política e ideológica. De lo anterior derivan los canales de comunicación, sus sistemas de control, la relación con sus habitantes, los procesos de imposición de impuestos y la protección de la persona, de su descendencia, bienes, certeza jurídica, derechos, obligaciones y otras normativas relativas a las políticas estatales. A lo anterior se le puede agregar una vertiente de carácter posmoderno, en el cual se impulsa hacia la democracia transformando el quehacer de lo estatal y lo público.
Dentro de esa primicia se localizan conceptos operativos de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y la participación del ciudadano activo en procesos como la gobernanza, gobierno y presupuesto abierto. Lo anterior pasa por consideraciones metodológicas, la unidad estatal a través del andamiaje jurídico y el mediático que proporciona la unidad en el Estado.
La reforma al Estado es inevitable, es una exigencia de la posmodernidad.
Dando una estructura acorde al posicionamiento geográfico y a las características de la sociedad que conforma la nación. En lo que respecta al Estado guatemalteco, las reformas en el pasado se dieron por circunstancias muy particulares, desde la independencia de la Corona española, luego la decisión de la anexión al Imperio de Iturbide, la Federación de Centro América que desembocó en la administración de Rafael Carrera, luego la Revolución liberal de 1871, encabezada por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados; le sigue la Revolución del 20 de octubre de 1944, con dos administraciones y un modelo revolucionario atípico a la costumbre guatemalteca, que finaliza abruptamente con la Contrarrevolución de 1954 que reforma al Estado; es con ese diseño que se llega al derrocamiento de la administración política de Romeo Lucas García y se hace una reforma estatal, la cual con algunas modificaciones está vigente en lo que va del tercer milenio.
Las motivaciones para reformar el Estado nacen desde diferentes ámbitos, debido a ajustes económicos, sociales y políticos, internos o externos, pero que van en esa dirección, pero que hoy por hoy se consolidan mediante la generación de políticas públicas que permitan apuntalar el nuevo diseño estatal de una estructura a futuro, con las características básicas para enfrentar los desafíos y retos de la incertidumbre del devenir. Los guatemaltecos tenemos un pasado en común, un presente a compartir y un futuro a diseñar para las nuevas generaciones. No hay otra alternativa.
