La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de marzocomo el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down, condición de vida que genera limitaciones en la participación social. Es una deficiencia generada por alteraciones genéticas, ya que el cuerpo de todo ser humano debe tener 46 cromosomas distribuidos en pares, pero en el caso de las personas con Síndrome de Down, estas experimentan un cromosoma de más en el par 21. Hecho que genera limitaciones intelectuales.
Por lo que, con esta declaración, se persigue que todos los sectores de población, en particular los entes de Estado, reflexionen sobre la situación de las personas con Síndrome de Down respecto a sus principales necesidades, el apoyo que requieren, pues enfrentan varias restricciones en su entorno físico y social. Para lo que se necesitarán acciones lo suficientemente sólidas para el apoyo personal y familiar.
Hasta la fecha, no hay en el mundo datos específicos sobre la cantidad de personas que puedan estar afectadas por el Síndrome de Down, menos en los países de bajo ingreso económico, tal es el caso de Guatemala. Lo que sí se puede precisar es que las familias deben enfrentar serias dificultades para encontrar el apoyo adecuado que facilite la inclusión del integrante con Síndrome de Down. En el país se cuenta con algunas instituciones que brindan el apoyo a las personas con esta condición; entre ellas, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y organizaciones de la sociedad civil las que hasta ahora han asumido la responsabilidad de atender y promover sus derechos.
En el país se cuenta con algunas instituciones que brindan el apoyo a las personas con esta condición; entre ellas, la Secretaría de Bienestar Social.
Es impotarte determinar qué otras entidades del sector público pueden sumarse a la actividad de la SBS antes indicada y los recursos que requieren para su efectivo funcionamiento. Definir criterios para contar con datos estadísticos y la implementación de programas de apoyo, de acuerdo con estándares internacionales.
Un tema para el que las actuales autoridades de gobierno han manifestado voluntad política, por lo que corresponde a los entes responsables de coordinar los asuntos de discapacidad en el país facilitar la orientación necesaria que genere soluciones sustentables y sostenibles.
