Según hipótesis de las autoridades, alteraron la escena del crimen contra 19 migrantes en Tamaulipas.
Doce agentes de la policía estatal fueron capturados, por su probable participación en el crimen de 19 migrantes que fueron incinerados en un camino vecinal del municipio de Camargo, informó el fiscal general del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.
El fiscal precisó que las investigaciones realizadas hasta el momento arrojan que pudieron participar “al menos 12 elementos de la policía estatal”.
Además, mencionó los probables delitos que realizaron los policías: homicidio calificado, abuso de autoridad, mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes presentados ante una autoridad.
Destacó que entre las líneas de investigación que mantiene la Fiscalía está la disputa del crimen organizado por el control de la región y por el tráfico de migrantes.
“Estamos investigando si hay responsabilidad de funcionarios y servidores públicos.”
Olga Sánchez
Secretaria de Gobernación
Explicó que el día de los hechos, el pasado 22 de enero, participaron más vehículos donde viajaban migrantes guatemaltecos y salvadoreños que pretendían llegar a los Estados Unidos, además de “sujetos armados que les daban protección y seguridad”.
Los secuestraron
Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre dos vehículos abandonados e incendiados en un camino vecinal, en donde hallaron 19 cuerpos quemados (16 hombres, 1 mujer y 2 sin precisar el sexo), la mayoría migrantes guatemaltecos originarios del municipio de Comitancillo, San Marcos.
La nota señala que, gracias a la coordinación con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, se permitió conocer que uno de los vehículos se ubicaba en el lugar donde fueron rescatados 66 extranjeros por agentes de la Policía Municipal y del Instituto Nacional de Migración, el pasado 6 de diciembre.
Ese día por la tarde ingresó un comando de pistoleros del Cartel del Noreste, los antiguos Zetas, para buscar a un mando del grupo rival, el Cartel del Golfo, la organización criminal que controla la zona de Tamaulipas.
El gobierno de Guatemala envió 30 pruebas de ADN (dos perfiles genéticos por persona) de familias que aseguraron que hay parientes entre las víctimas, de las cuales solo han sido identificadas cuatro, entre estas dos de nacionalidad mexicana.
Ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, confirmó el cese de decenas de funcionarios de Migración, incluyendo a quienes participaron en el caso de Tamaulipas, por sospechas de estar involucrados en la masacre.
