Las depresiones tropicales Eta e Iota impactaron en 10 departamentos.
Los daños, pérdidas y costos adicionales causados por las depresiones tropicales Eta e Iota en el país ascienden a Q6 mil 2 millones 35 mil 633, según una evaluación realizada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
De acuerdo con los datos dados conocer ayer durante la presentación del informe, la mencionada cifra es comparable, por ejemplo, con el presupuesto que juntos tenían asignados el año pasado los ministerios de Gobernación y de Economía.
Inversión
En la evaluación elaborada por Segeplan, se hacen recomendaciones en materia de inversión pública, con el fin de lograr la reparación posfenómenos atmosféricos en los departamentos más afectados por los eventos naturales.
En ese sentido, se recomienda que la infraestructura por ser recuperada deberá ser resiliente y contar con protección financiera. Además, desde la fase de preinversión es necesario tomar en cuenta la localización y mejorar planificación, diseño y materiales para mitigar el riesgo.
Asimismo, los planes de ordenamiento territorial deben considerar la protección a la población residente en áreas de riesgo, y ejecutar inversiones públicas de calidad y usos compatibles del suelo, y los entes rectores deberán establecer planes de mantenimiento y protección a la infraestructura para la resiliencia.
Las depresiones tropicales afectaron el país durante noviembre de 2020 y dejaron a su paso 61 fallecidos, 30 heridos, 99 desaparecidos y 311 mil 317 evacuados, según lo detallado por los funcionarios de las instituciones involucradas en las acciones de apoyo y asistencia a las comunidades
impactadas.
Dichos fenómenos afectaron principalmente los departamentos de Alta Verapaz, que es el más perjudicado, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula.
La titular de Segeplan, Keila Gramajo Vilchez, informó que el equipo técnico de la institución que lidera utilizó la metodología para la Evaluación de Daños y Pérdidas, la cual permite estimar, en primer lugar, las intervenciones que el Gobierno afectado deberá realizar en el corto plazo para iniciar la recuperación y, en segundo lugar, las necesidades financieras para lograr la recuperación, la reconstrucción y la gestión o reducción del riesgo de desastres en general.
