Ministro y autoridades dieron mensaje a la nación en redes sociales.
El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, informó anoche que se realizan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de actos violentos donde resultaron heridos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y causaron daños materiales como la quema de un autobús urbano.
El funcionario reiteró que el Ministerio de Gobernación es respetuoso del derecho a manifestar pacíficamente, para lo cual se estructuró un plan operativo para brindar seguridad a la población guatemalteca. Sin embargo, recordó que un grupo de personas realizó actos violentos durante la manifestación realizada el sábado 28 de noviembre en la Plaza de la Constitución.
El titular del Mingob dijo que las acciones fuera de la ley se cometieron en un acto “totalmente planificado y financiado por algún grupo de personas que intenta desestabilizar el orden institucional del país”.
El funcionario explicó que muchas de las personas que participaron en la turba violenta, del día de sábado, también participaron en la quema del Congreso de la República. “Queremos recalcar que no son actos aislados, ya que ambos son parte de una misma estrategia, en donde el actuar de las fuerzas de seguridad se realizó conforme a derecho”, añadió.
“Nunca se han girado órdenes ilegales, ni se girarán, todo saldrá a luz cuando la investigación esté finalizada. Reconocemos el derecho a manifestar pacíficamente, el cual se encuentra establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala”, enfatizó Reyes.
El ministro de Gobernación formuló un llamado a la población guatemalteca a que denuncien a los grupos que están organizados para seguir provocando el caos y el menoscabo de la vida y la integridad de las personas. Asimismo, hizo un llamado al Ministerio Público para esclarecer todos los hechos que se están suscitando.
El funcionario puso a disposición del ente investigador el apoyo a las pesquisas, de acuerdo con nuestra competencia, a la vez de resaltar que las fuerzas policiales aplican un protocolo de respeto a situaciones de manifestaciones públicas, pero, cuando estas se desbordan, se convierte en actos delincuenciales inaceptables en una sociedad civilizada.