Operativo conjunto logra recuperar el control y la paz en Chimaltenango.
Complacido con los resultados obtenidos durante el Estado de Prevención en tres municipios de Chimaltenango, el presidente Alejandro Giammattei presentó ayer los frutos de las incursiones y operativos de las fuerzas de seguridad en San Andrés Itzapa, El Tejar y Chimaltenango.
El mandatario informó que en total se recibieron 932 denuncias, se realizaron 236 allanamientos, 80 aprehensiones, 3 personas notificadas en la cárcel y dos requisas en centros de prevención. Asimismo, se incautaron Q114 mil, producto de extorsiones.
“Esto es resultado de los análisis que se hacen antes (de declarar Estado de Prevención). Definimos cuál es la incidencia que se tiene, cuáles son los delitos a perseguir y cómo se identifica a las pandillas por clicas y ubicación. Así fue como definimos que estos tres municipios eran nuestro objetivo”, dijo el mandatario.
Explicó que durante las investigaciones se detectó, en la cabecera departamental, una estrecha relación entre las pandillas y los pilotos de mototaxis (tuc tuc), por lo que el mandatario instó a las autoridades municipales a que hagan una depuración.
“Nuestra recomendación es que procedan de forma inmediata a una revisión de quienes son los que operan los tuc tuc, porque recibimos muchas denuncias de que estos vehículos son operados por gente vinculada a las pandillas”, dijo el gobernante.
Modificación de ley
Giammattei informó que en las próximas semanas presentarán una iniciativa para que el delito de la extorsión y las pandillas organizadas queden reconocidas y penadas dentro de la misma Ley del Crimen Organizado.
“El delito de extorsión será considerado desde el momento que alguien agarre el teléfono y realice una amenaza”, refirió el dignatario tras explicar que, en la actualidad, legalmente no se puede proceder contra una persona si esta no es sorprendida en flagrancia, es decir, al momento en que recibe algún dinero producto de una amenaza.
De acuerdo con el dignatario, el cuerpo jurídico de la Presidencia trabaja arduamente, en coordinación con el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), para considerar el delito en mención dentro de la misma Ley de Crimen Organizado ya existente en la normativa del país.
Agregó que la propuesta, ya elaborada, estará lista en un plazo de aproximadamente 15 días, y posteriormente será presentada al Congreso para su aprobación.
“Será una modificación pequeña, pero trascendental para este tipo de personas, que pueden ser condenadas hasta a 25 años de prisión.