El presidente Alejandro Giammattei reitera su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el Organismo Ejecutivo.
Con miras a fortalecer la lucha contra la corrupción, y bajo el mandato del presidente Alejandro Giammattei, el Ministerio de Gobernación publicó ayer, en la parte oficial de este diario, el Acuerdo Gubernativo 28-2020, con el que se da vida, de manera temporal (4 años), a la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, que busca detectar anomalías en el Estado.
“La Comisión es un organismo que estamos creando para combatir la corrupción en el Organismo Ejecutivo”, dijo el mandatario durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, aclarando que no incluirá entre sus investigaciones hechos denunciados o detectados en los otros dos organismos de Estado.
Explicó que la forma de trabajo de la Comisión iniciará con la recepción de denuncias; luego se procederá a una investigación sobre la veracidad del hecho, y de resultar cierto se trasladará al Ministerio Público para su debido proceso.
Mientras que, en casos de malversación de fondos o mal uso de los recursos del Estado en una labor administrativa, la información se trasladará a la Contraloría General de Cuentas para que, en el ámbito institucional, cumpla con su deber a cabalidad.
El mandatario agregó que esta comisión será la encargada de operativizar los programas de combate a la corrupción de Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico. “La idea es corregir el fondo del problema. Ese ha sido uno de los problemas: no corregimos el sistema”, dijo.
Según el Acuerdo, la Comisión estará conformada por representantes de los ministerios de Gobernación y Finanzas Públicas, de la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Además, el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno y el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción. La Comisión será presidida por el presidente Alejandro Giammattei.
El mandatario aseguró que hasta el momento no hay una persona que ocupe la dirección de la Comisión, pero comentó que en esta semana elegirán a la persona idónea, para lo cual en la primera reunión de esta se evaluarán los perfiles de quienes pueden ocupar el cargo.
“La comisión no nace ya con un nombre. Será en el transcurso de esta semana que definamos quién estará al frente, para que la semana entrante ya esté en funciones”, expresó.
Asimismo, aseguró que han existido pláticas con otros países como Colombia y Estados Unidos, para que los integrantes de la Comisión sean capacitados en temas de investigación, resolución de los problemas y transparencia.
“Vamos a pedir colaboración para que se pueda capacitar a las personas que integren a cada uno de estos departamentos de la Comisión”, dijo.
El gobernante aseguró que para el funcionamiento de la comisión se estima un total de Q10 millones al año, y que será instalada físicamente en la Casa Presidencial.
Agregó que serán aceptadas donaciones. “Hay una institución de cooperación internacional que nos ofreció el equipo de cómputo necesario para la estación de esta Comisión y podamos llevar el control de la rendición de cuentas”.
Auditoría de empleados públicos
Como primera acción en la lucha contra la corrupción, y reforzando su compromiso de un gobierno transparente, el presidente Alejandro Giammattei anunció que se realizará una auditoría de los trabajadores del Ejecutivo, para garantizar que no existan plazas fantasmas.
Explicó que la anterior administración no reconoció el Censo Nacional de Recuso Humano, donde se registró que habían unas 37 mil personas en puestos públicos que no fueron identificadas durante el proceso censal. “Hay plazas que no aparecen. En el Ministerio de Gobernación no dejaron que se censara y un par de instituciones más. Ese censo arrojó más de 37 mil plazas en las que no lograron identificar a las personas”, especificó.
Por esta razón, mencionó que el Ejecutivo comenzará con acciones que permitan identificar a los servidores públicos y que el proceso se iniciará con instituciones relacionadas con la Presidencia, el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria. “A partir de este mes vamos a identificar a los empleados para que cada quien tenga que venir físicamente a recibir un cheque. Servirá para saber si existe y dejará por escrito qué hace, en qué trabaja”.