Más del 80 % de personas que padecen inseguridad alimentaria
en el planeta y viven en lugares más propensos a sufrir desastres naturales
asociados al cambio climático recibe ayudas del Programa Mundial de Alimentos
de Naciones Unidas para proyectos de adaptación, mitigación y resiliencia,
asistencia que llega también a Latinoamérica.
Garantizar alimentos y un desarrollo sostenible entre las
poblaciones afectadas por el cambio climático que ha alterado los ciclos
estacionales y los de cultivo es el objetivo del Programa Mundial de Alimentos
(PMA), explica en una entrevista a Efe el jefe de Reducción de Riesgo de
Desastre y Cambio Climático, Gernot Laganda.
Porque el cambio climático ha alterado los ciclos
estacionales y los de cultivo en todo el mundo provocados por el calentamiento,
la sequía o las fuertes lluvias, sostiene, y añade que “estas situaciones han
provocado la migración de más de 22 millones de personas actualmente”.
Según predicciones de Naciones Unidas, esa cifra podría
aumentar a 150 millones de personas en 2050.
Laganda, quien participa en la XXV Cumbre de la Convención de
Cambio Climatico (COP25) en Madrid, sostiene que para combatir el impacto de
estas situaciones el PMA ha puesto en marcha en países más vulnerables sistemas
de protección social y de microseguros para pequeños agricultores, para la
prevención ante posibles futuros fenómenos meteorológicos.
Porque el cambio climático lo “estamos padeciendo hoy, no es
un fenómeno del futuro”, asevera el experto del PMA, de ahí la importancia de “brindar
asistencia técnica a los países que sufren escasez de alimentos en esta crisis
climática”.
En 2019, se desarrollaron proyectos en países de
Centroamérica afectados por sequía, en Mozambique tras el paso del huracán
Idai, en Bangladesh por las inundaciones y en otros lugares donde se han
producido eventos extremos, asegura.
La directora del PMA en Guatemala, Laura Melo, ha explicado
que ese país centroamericano, con una renta media y un índice del 60 % de
pobreza, tiene una tasa de desnutrición de la mitad de la población infantil
que afecta a su desarrollo físico y mental.
Además, con un alto porcentaje de población indígena y una
situación de desigualdad para la mujer en general, es un país con un “alto
índice de vulnerabilidad, sobre todo en el contexto rural”.
Ante este panorama, el PMA desarrolla programas de nutrición
con sesiones de educación y consejos para las mujeres y familias para
incrementar los hábitos alimenticios.
Asimismo de resiliencia a impactos de fenómenos
meteorológicos en zonas rurales para diversificar las formas de vida, las de
agricultura y otras formas de cultivo más sostenibles.
El PMA apoya, además, a pequeños productores, artesanos y
trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social para ajustar programas de
protección.
Se estudia la creación de un “sistema de microseguros para
proteger a los agricultores para fomentar la resiliencia, sobre todo en el
Corredor Seco”, una de las zonas más afectadas desde hace cinco años por la
sequía, según Melo.
Con un proyecto financiado por la Unión Europea (UE) con
cuatro millones de euros se logró beneficiar en una primera etapa a unos 2 mil
personas afectadas por la sequía.
En la renovación del proyecto con 15 millones de euros se
beneficiarán más de 30 mil personas, unas 6 mil familias, asegura.
El director del PMA en Colombia, Carlo Scaramella, por su
parte, explica que ese país afronta varios problemas del postconflicto que
afectaron sobre todo a la deforestación de grandes zonas y en las que las
poblaciones son más vulnerables.
Al igual que Guatemala es un país afectado por la pobreza y
necesita cambios estructurales para salvaguardar a las poblaciones más
desprotegidas como los indígenas y mujeres, “diversificando sus medios de vida”.
Es necesario extender la gobernanza a todo el país ante la
presencia de actividades ilegales en el conjunto del territorio, como la
minería o la deforestación.
Entre los proyectos puestos en marcha, el experto destaca uno
de extensión binacional para los Awa y afrodescendientes, poblaciones entre la
frontera de Ecuador y Colombia.
Es un modelo “replicable a otros países”, sugiere,
y habla de la necesidad de fomentar la implicación del sector privado en los
proyectos de ayuda al desarrollo.
El PMA desarrolla, además, programas de empoderamiento de la
mujer, de apoyo a comunidades afectadas por la violencia, de resiliencia y
adaptación y para las migraciones internas y externas.
No obstante, es un país “con grandes oportunidades”, recalca
Scaramella. Madrid, EFE