Reducir la burocracia en el sector público es el principal objetivo de la iniciativa de Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, que el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) está elaborando para que sea presentada por medio del Ministerio de Economía (Mineco).
El proyecto de ley propone la prohibición de exigir requisitos que no estén previstos en la normativa, disponibilidad de formularios de manera gratuita, la implementación de ventanillas interinstitucionales que estén vinculadas entre sí, y el desarrollo de una plataforma que consolide todos los trámites desde la perspectiva del usuario, entre otras.
“Esta incidencia permitirá mejorar la eficiencia y productividad de las empresas, usuarios finales y de la administración pública. Además, promoverá un clima de negocios más atractivo, debido a que habrá reglas claras en cuanto a requisitos, tiempos y costos de los trámites, provocando la mejora en los indicadores a nivel internacional”, comentó Víctor Asturias, comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión.
Buró de crédito
El funcionario indicó durante la Segunda Reunión del Consejo Asesor, que se realizó esta mañana, que también están trabajando en la iniciativa de Ley de Buró de Crédito, así como en la creación de sistemas que ayudan a fortalecer a instituciones que impactan el entorno económico y la percepción general del país.
Esta segunda propuesta crearía un marco regulatorio, que permita establecer instituciones encargadas de manejar la información crediticia de las personas usuarias del sector financiero. Además, generaría que las entidades que han realizado este trabajo, hasta ahora, desaparezcan o se ajusten al nuevo marco jurídico.
“La aprobación de esta iniciativa prevé un impacto significativo en la economía del país, ya que agilizará los procedimientos para obtener créditos, tarjetas de crédito, financiamiento y lo relacionado con las obligaciones crediticias con el sector financiero. También permitirá que los usuarios tengan acceso rápido y fácil a su historial de obligaciones y comportamiento de pago, garantizando el buen uso de la información entre las instituciones involucradas, y, sobre todo, la privacidad de esta”, concluyó Asturias.
