ONU exige a Maduro frenar las “graves violaciones”.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en ese país, en el informe tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michelle Bachelet.
El documento, que hoy presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte: “Si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan la nación”, que supera ya los 4 millones de personas.
El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
El informe se elaboró mediante 558 entrevistas, en Venezuela y otros 8 países, a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el período comprendido de enero de 2018 a mayo de 2019.
Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a las fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.
También los culpa de violencia sexual y de género durante períodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.
En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como “colectivos”, y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.
Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales, con 5 mil 287 muertes documentadas en 2018 por supuesta “resistencia a la autoridad” y al menos otras mil 569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.
