Congreso de la República autoriza al Ejecutivo invertir en proyecto de nutrición.
Se autorizó al Organismo Ejecutivo la suscripción del Convenio de Préstamo Número 8730-GT, para la ejecución del Programa Crecer Sano: Proyecto de Nutrición y Salud en Guatemala, según publicó ayer el Congreso de la República en la parte legal del Diario de Centro América, con lo cual se da vigencia al Decreto 1-2019.
Con esta ley, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas (Mifin), el Ejecutivo puede continuar los trámites administrativos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyo Directorio aprobó para el país un financiamiento con carácter reembolsable por un monto de US $100 millones.
Esto se da en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020, que busca abordar los principales factores de riesgo para la desnutrición crónica, al incrementar el acceso de la población meta a mejores cuidados primarios de salud, servicios de agua y saneamiento.
Beneficios del plan
Las carteras de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) son las entidades beneficiadas en el ámbito de sus competencias, según sea definido en el convenio del préstamo.
El Minfin debe informar a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y a la Junta Monetaria sobre cualquier ajuste que se haga en el pacto con el BIRF y todos los documentos relacionados con el préstamo. Al MSPAS le corresponderá ejecutar el 75% de los fondos y al Mides el 25%, los cuales deberán ser utilizados exclusivamente para las actividades de Crecer Sano.
Por su parte el titular del Minfin, Víctor Martínez, señala que el plan Crecer Sano puede ser ejecutado en el último trimestre de este año. “Tras su aprobación se está acelerando el proceso, para cumplir los 12 pasos administrativos que requiere el Banco Mundial (BM), para completar el proceso legal”, explicó.
El pago de intereses, amortizaciones de capital y demás gastos derivados del cumplimiento de obligaciones financieras del Convenio de Préstamo, según el Decreto, están a cargo del Organismo Ejecutivo por conducto del Mifin.