Una hoja de ruta que contempla los actores y los plazos que se requieren para realizar la consulta comunitaria en el caso del proyecto minero Progreso VII Derivada, también conocido como La Puya, será entregada en 48 horas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a diputados del
Congreso de la República.
Esto fue parte de los consensos a los que llegaron ayer autoridades del MEM y miembros de la Comisión de Energía y Minas, durante una reunión que sostuvieron para dialogar sobre la demanda de arbitraje que Kappes, Cassidy & Associates presentó contra Guatemala, por la suspensión de dicho proyecto, ubicado en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.
“La licencia minera fue suspendida en junio de 2016 y está pendiente de que la Corte de Constitucionalidad emita una resolución de un recurso que presentamos. Con esta propuesta buscaremos avanzar con la consulta y evitar litigios”, explicó.
Durante la citación, Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, dijo que la empresa reclama una compensación de US $300 millones, mientras que la viceministra de Finanzas Públicas, Claudia Rodas, indicó que en 3 años el proyecto aportó Q881 mil 373 en regalías. • Brenda Jiguan
