Por: Acisclo Valladares Molina
No habrá bono navideño para los empleados del Organismo Judicial –tal lo anunciado–, pero sí lo habrá para otros empleados públicos y es más que razonable que, en consecuencia, cualquiera pudiera preguntarse:
¿Por qué unos sí y otros no?, Interrogante que da lugar –innumerables las respuestas– a todo tipo de conjeturas.
¿Por qué las prebendas de que gozan algunos empleados públicos –el bono navideño, por ejemplo– o el crecimiento de sus salarios –con proporciones geométricas, crecimiento por mera antigüedad–, en tanto que los de otras dependencias e instituciones no las gozan y hace que , como los chinos –simpática expresión esta del mejor sabor chapín– se quedan tan sólo “milando” ?
Múltiples las conjeturas para explicarlo pero, la verdad, es que solamente existe una que es válida y nos da la respuesta: la Torre de Babel en que hemos convertido el Estado ,hasta hacerlo el reino mismo de las más increíbles incoherencias y arbitrariedades.
El pecado original es la cultura de incumplimiento de las leyes que sigue prevaleciendo entre nosotros, empezando por el incumplimiento de la Constitución Política de la República, la más alta de las normas, cuerpo legal que establece que es el Procurador General de la Nación –nadie más– el representante del Estado y es el caso, sin embargo, que en representación del Estado adquieren los distintos funcionarios compromisos que le obligan, tal el caso de los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo que proliferan –incontrolables– en las instituciones públicas y las graciosas granjerías que se ocurren, canastas navideñas, por ejemplo.
Como cosa curiosa, donde brilla por su ausencia un razonable pacto colectivo de condiciones de trabajo es ni más ni menos que en la Procuraduría General de la Nación, sus funcionarios y empleados, echados al olvido.
Feudo de las más increíbles granjerías, el feudo de los puertos, olvidado el Estado que con el dinero del pueblo –cuantiosísimas las inversiones– se buscó eficiencia y buen servicio, con el menor de los costos y no la creación de privilegios: clave la actividad de los puertos para nuestro comercio exterior en ambas vías, importaciones y exportaciones pudiendo, si caro su servicio, hacer menos competitivos nuestros productos y castigar a nuestros consumidores con un precio mayor para los bienes que importamos.
Puede haber diferencias ¡Qué duda cabe! pero diferencias debidamente evidenciadas y evaluadas con una unidad de criterio cuya expresión final tiene que ser –necesariamente– la de la única autoridad que, por mandato constitucional expreso, tiene la representación del Estado, el Procurador General.
Quejas, quejas, quejotas y quejitas (en esas vivimos), pero somos incapaces de colocarnos frente al espejo, preguntarnos el porqué de nuestras quejas, respondernos cómo superarlas y tomar acciones para lograrlo.
La Torre de Babel se extiende a que no llega a comprenderse que la representación del Estado que compete al Procurador General es la interna en tanto que, la externa, compete al Presidente de la República, jefe del Estado, al Ministro de Relaciones Exteriores y a los agentes diplomáticos cuando investidos de poderes para hacerlo y en el exclusivo ámbito de la jurisdicción que les competa.
El agente principal del Estado en los juicios internacionales recibe su nombramiento como tal del Ministro de Relaciones Exteriores y carece de cualquier representación distinta a la que implique –en el caso concreto– su calidad de abogado del Estado.
Como consecuencia de esta segunda Torre de Babel, se han contraído compromisos del Estado en el ámbito internacional por instituciones y dependencias que carecen de su representación interna o externa, los contraídos por la Comisión Presidencial en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) el más significativo de los abusivos ejemplos.
Sin cuido alguno por quienes deben hacerlo y sin representación legítima –ajustada a la ley– se han contraído obligaciones que, en algunos casos –nulas– llegan en los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo hasta el límite mismo de lo absurdo y, de igual manera, las indemnizaciones ilegalmente convenidas, millonarias unas –lo que se oculta– y otras, paupérrimas.
Si grave el festinado uso que se hace de la representación del Estado por quienes carecen de título alguno para hacerlo, contrariando la representación establecida por mandato constitucional expreso y las Convenciones y los Usos internacionales, gravísimo, también, que cada institución del Estado se haya convertido en un feudo de juridicidad, olvidándose que los dictámenes de los distintos asesores no tienen valor alguno si carecen del visto bueno del Procurador General, la Procuraduría General, la única asesora y consultora de los órganos que integran el Estado.
Esta es la razón por la que el Estado ha perdido su unidad de criterio jurídico y cada institución va por donde quiere.
Lo malo es que los jóvenes quieren que todo esto cambie, pero no saben cómo y, los mayores, bien que lo saben pero a pesar de las quejas y quejitas no se atreven a los cambios. ¿El cambio requerido? Aunque parezca mentira, uno solo y muy sencillo: que se cumplan la Constitución y las leyes.
Entre tanto, absurdos y leoninos pactos colectivos, indemnizaciones por doquier, arbitrarias e incoherentes decisiones, sin unidad alguna de criterio jurídico las autoridades del Estado.
