Demasiado daño ha sufrido con su politización, la Comisión que establecimos y con el más grave ribete de haber contaminado a instituciones ordinarias que en esa politización siguen sus pasos.
No puedo sino ver con preocupación –preocupación sobrada– que el comiso (la pena accesoria que debe buscarse sobre los instrumentos del delito –inversiones y créditos– que lo hicieron posible) sigue durmiendo el sueño de los justos y, de la misma forma, durmiendo el sueño de los justos, cualquier persecución a quienes habrían autorizado cometer delitos a “colaborador” ya condenado: el abandono de lo jurídico por la oportunidad y por la conveniencia, en otras palabras, por lo político.
Si lo que busca el profesional que fue contratado para dirigir la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, es que se tomen en Guatemala determinadas decisiones políticas (las decisiones que, según él, deben tomarse) no es esa la función que le compete y, es más, en Guatemala está prohibido que los extranjeros hagan, directa o indirectamente –peticiones políticas, prohibición que es absoluta– reservado lo político, en Guatemala –únicamente y exclusivamente y sin excepción alguna– a los guatemaltecos.
El profesional que fuera contratado para dirigir la Comisión se hace daño a sí mismo, se lo hace a la Comisión puesta en sus manos y se lo hace a quien fuera Fiscal General de la República cuando, en el extranjero –Recepción de premios Livelihood– critica y hace planteamientos políticos con respecto al Estado de Guatemala y su gobierno, ella a su lado, siendo el caso que la exfiscal ha expresado que tiene pretensiones electorales –una eventual candidatura presidencial– que las elecciones aún no han sido convocadas y, que no está permitido que una eventual candidata realice campaña anticipada, sea por sí misma, o por tercero, campaña que incluso –barbaridades de la ley y de la “interpretación” (de la interpretación que se hace de la misma)– incluso más peligrosa la interpretación que la disparatada norma que interpreta, podría comprometer, en su momento, su inscripción.
Las upas internacionales que se hacen en materia política pueden ser muy mal interpretadas y, por lo general, no funcionan y así, por ejemplo, en la República de Perú, vimos la derrota de todo un flamante exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, en manos de un “modesto” decano universitario, “decano” que, cuando ya presidente, derrotó también a Mario Vargas Llosa, toda una lumbrera literaria, de reconocimiento universal.
No es lo mismo un cafecito (o té) en una Universidad estadounidense –pontificando sobre los temas de Guatemala– que una jornada, a pie por nuestras calles y los senderos de Tajumuco o Tectitán, siendo en estas calles y veredas donde se ganan las elecciones y no en las reuniones estadounidenses o europeas de café (o de té…).
La esposa del presidente francés, François Mitterrand –el último de aquellos grandes le grandeur francaise, creyó en el arrollador triunfo de Rigoberta Menchú en las elecciones presidenciales de Guatemala y puso en ello cuanto pudo –recursos y respaldos–, pero se encontró con que para ganar una elección en Guatemala (más que cuanto pudo darle y hasta cierto punto, por mucho que haya sido, intrascendente) se hace preciso caminar los senderos de Chimel.
En lo político el profesional contratado para dirigir la Comisión que establecimos no ha sido –en absoluto– afortunado, lo cual empieza (parecería ser una perugrullada, pero no lo es) por el principio: no fue para ello contratado, ni se reconocen en este conocimientos que no sean aquellos que corresponden al arte de su oficio, el Derecho y la persecución penal. En lo político, su no comprensión de la importancia del Congreso de la República fue (y es) poco menos que patética, en manos del Congreso, el presupuesto , las leyes y las más importantes decisiones nacionales –clave, el Congreso– en consecuencia, para que cualquier lucha en contra de la corrupción pudiera alcanzar el éxito buscado.
La importancia del cambio de forma para elegir a los diputados que integran el Congreso le pasó inadvertida y, es más, sus intervenciones políticas desviaron la atención de lo que era (lo sigue siendo) lo que debió y debe importarnos, la forma de elegir a los diputados que integran el Congreso.
Desconocedor de lo nuestro no se percató de que existe en nuestra Constitución Política el reconocimiento de las formas de organización de las comunidades indígenas, lo que incluye su Derecho y que era intrascendente, en consecuencia, pero generador de suspicacias y conflicto, un reconocimiento adicional, en tanto que lo que sí era importante (era y sigue siendo) es que a través de un sistema electoral de distritos pequeños pudieran acceder las poblaciones indígenas a una adecuada representación en el Congreso: aquella que les proporcione el triunfo electoral.
Perdidos en lo políticamente intrascendente en reformas políticas que, al final de cuentas, no cambiarían nada, la Comisión y el Profesional a su cargo desviaron la atención de lo que sí es importante, la representatividad de aquellos que formulen el presupuesto del Estado y, específicamente, el que deba regir en la administración de justicia y las leyes que deben los jueces aplicar.
La representatividad de aquellos que, a pesar de la reforma política que se proponía (mala reforma) seguirían interviniendo en el nombramiento de los mismos.
Convertidas en instrumentos de fines políticos la acusación penal y la administración de justicia, tanto por los acusadores como por los coros mediáticos que llegaron a sumarse, se buscó la sustitución del Presidente (toma del poder, seudo legal, sin elecciones) y, fracasado el intento, la toma de control del proceso electoral y el impulso de un proyecto político a su gusto, el proyecto conveniente para Guatemala, apreciación política realizada a su mejor saber y a su mejor entender “políticos”…
De lo jurídico al absurdo, a través de la política y, así, la “carta de entendimiento” con el Tribunal Supremo Electoral, carta en la que el Tribunal afirma que le corresponde la formación cívica de los guatemaltecos, como que si la formación cívica se limitase tan solo a lo electoral, pobre apreciación de lo cívico.
Bien se dice que el camino del infierno se encuentra empedrado de buenas intenciones y, así, la intención pudo ser buena pero “politizada” , queriéndose ver delito donde no lo había, perseguidos quienes, con su dinero legítimo, hicieron posible no otra cosa sino que los fiscales de mesa asegurasen que fueran correctas las votaciones y correcto el conteo de los votos, en tanto que el dinero del narcotráfico, tan campante, lo que se logrará con ello es que el narcotráfico se adueñe del próximo proceso electoral, impune y a sus anchas.
Perseguidos quienes no tenían por qué serlo, los que debieron perseguirse, tan campantes…
Abandonado el silogismo jurídico, cuando no son las normas las que prevalecen sino las circunstancias sociológicas e históricas del momento en que se aplican, termina el Derecho.
No puede sino dar pena ver ahora, a uno de nuestros fiscales, blandiendo espadas, también, como un político cualquiera, necesaria consecuencia de la politización sufrida por instituciones cuya función no es, en absoluto, la de hacer política.
Muy malo es en verdad que se esté percibiendo política donde solo se debe percibir Derecho, la inevitable y muy desafortunada cosecha, sin embargo, de todo lo sembrado.
Donde debió haber solo Derecho: Política, política, política…
¿Incapaces de ver lo que es obvio y comprenderlo?
