El 15 de noviembre del 2018, quedará registrado como una de las fechas históricas para la región iberoamericana. Especialmente para el Estado guatemalteco, país sede de la XXVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de Iberoamérica, donde fue aprobado el Programa Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El acto contó con la participación de al menos 10 presidentes y varias primeras damas, incluyendo al rey de España y cuerpo diplomático acreditado en el país.
La iniciativa fue planteada en el 2016, para dar cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Población que representa alrededor de 90 millones de habitantes en Iberoamérica, según la Organización Mundial de la Salud. Sector que un 80 % vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza en las naciones de bajo ingreso.
El programa fue presentado por la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos, el secretario general de la Fundación Once y el Conadi. Estas instituciones, destacaron la importancia del programa y sobre todo, lo que representa para el cumplimiento de los derechos de un sector muy importante. En cuya construcción se contó con la participación de rectores de discapacidad de 9 países.
Los mandatarios presentes en el acto, hicieron público su compromiso de apoyar la iniciativa, entre estos, el presidente guatemalteco Jimmy Morales. El pronunciamiento lo realizaron en el momento de recibir de los representantes de discapacidad un ejemplar del programa en Braille. El presidente Morales, giró instrucciones a sus colaboradores para que inicien las coordinaciones con el Conadi.
El presidente de Ecuador, Doctor Lenin Moreno Garcés, en su discurso en la Cumbre, hizo mención del acto, indicando que se presenta para la región todo un desafío. Ya que el programa comprende 4 temas centrales: productividad, salud, protección social y generación de datos estadísticos. Como se puede observar, son temas que permitirán la inclusión de todos los asuntos de derechos humanos, pues conllevan la revisión de las políticas y programas de Gobierno y de Estado.
Sin embargo, es necesario advertir que si bien el programa ha sido aprobado y que debe valorarse como una gran conquista de la población con discapacidad de Iberoamérica. Corresponde ahora iniciar el proceso de implementación, donde los interesados deben asumir un papel protagónico. Es decir, que deben formular sus propuestas y lograr que estas sean incluidas en los planes y proyectos de Gobierno.
Los entes rectores de discapacidad de la región y las organizaciones representativas del colectivo, deberán unificar esfuerzos y criterios. Porque este programa representa una herramienta más que debe utilizarse para visibilizar los derechos de 90 millones de personas que viven en condición de discapacidad en la región iberoamericana.
